Antes de que Daniel Quintero llegara a la Superintendencia Nacional de Salud, Sebastian López alertó públicamente sobre el riesgo de que el exalcalde de Medellín asumiera el manejo de la salud de millones de colombianos. Hoy, la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos a Quintero, precisamente por su actuación como superintendente, por presunta participación indebida en política durante la segunda vuelta presidencial de 2026.
La alerta de Sebastian López tenía nombre propio. Cuando Quintero sonaba para dirigir la Nueva EPS, la más grande del país, con 11 millones de afiliados, López denunció en sus redes el riesgo de que el exalcalde asumiera el manejo de esos recursos. Quintero respondió exigiendo rectificar y después presentó una tutela en su contra. El Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá la negó. Para entonces, el Gobierno de Gustavo Petro ya lo había nombrado superintendente de Salud mediante el Decreto 0433 del 23 de abril.
“Dijimos lo que había que decir y Quintero nos llevó a los tribunales para callarnos. Perdió. No vamos a dejar de vigilar a quienes le hicieron daño a Medellín”, afirmó López.
Según el boletín 1053 de la Procuraduría, la conducta habría ocurrido en una entrevista cuyo video circuló en TikTok. En ella, Quintero habría expresado su apoyo al candidato Ivan Cepeda. Para el ente de control, con esa actuación pudo vulnerar los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia. La falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo. La investigación se abrió el 22 de junio, un día después de la segunda vuelta. Sí Quintero es hallado responsable, podría enfrentar una inhabilidad de entre 10 y 20 años para ejercer cargos públicos.
El caso tampoco es nuevo para él. En 2022, siendo alcalde de Medellín, fue suspendido tres meses por un video con el eslogan de la campaña de Petro, “El cambio en primera”. En noviembre de 2025, la Procuraduría confirmó en segunda instancia una inhabilidad especial de seis meses por esos hechos, decisión que aún revisa el Consejo de Estado.
La vigilancia de López sobre Quintero no empezó este año. En 2021, desde el Concejo de Medellín, firmó la carta que pidió la renuncia del gerente de EPM, Alejandro Calderón Chatet, cuestionó su idoneidad y exigió un proceso de selección abierto y transparente. En 2023 confrontó cara a cara al entonces alcalde por el manejo de la empresa, con un reclamo que se volvió noticia nacional: “A EPM se la robaron”.
“Medellín y Colombia merecen que la justicia llegue hasta el final”, insistió López.
