Hay escándalos políticos y hay denuncias que, por su gravedad, retratan la degradación a la que puede llegar el ejercicio del poder. Lo revelado por Semana, a partir del testimonio de Deicy Jiménez, pertenece a esta última categoría.
La mujer aseguró que Gustavo Petro le habría ofrecido contratos del Estado a cambio de encuentros sexuales y mencionó a otras mujeres que, según su relato, habrían recibido beneficios similares. Petro negó tajantemente esas acusaciones. Pero la gravedad de lo denunciado exige algo más que una declaración de rechazo y una nueva batalla en redes sociales: exige respuestas.
Porque si un presidente presuntamente utiliza su cargo para conseguir favores sexuales a cambio de contratos públicos, no estamos hablando de una aventura privada. Estamos hablando de un abuso del poder presidencial y de una posible instrumentalización del Estado para satisfacer intereses personales.
Y sí, también importa la conducta personal de quien ocupa la Presidencia. Quien exige autoridad, respeto y legitimidad para gobernar no puede pretender que su comportamiento quede blindado frente al escrutinio público. Mucho menos cuando las acusaciones apuntan a una posible relación entre su posición de poder, las mujeres involucradas y la contratación estatal.
Petro llegó a la Casa de Nariño prometiendo dignificar la política, acabar con las prácticas del establecimiento y gobernar para los más vulnerables. Sin embargo, su gobierno termina marcado por escándalos, cuestionamientos y denuncias que contradicen ese discurso. La distancia entre las promesas de transformación y las preguntas que hoy enfrenta el poder presidencial resulta cada vez más difícil de ignorar.
Pensemos por un momento en cualquier joven colombiano que lleva meses buscando trabajo, enviando hojas de vida y tratando de demostrar sus capacidades. Pensemos en quienes cumplen los requisitos, tienen experiencia y esperan una oportunidad sin padrinos ni favores. ¿Qué mensaje recibiría el país si se comprobara que los contratos públicos se utilizaron para obtener beneficios sexuales? Que el mérito no importa, que el Estado puede convertirse en instrumento de intereses personales y que el poder sirve para saltarse las reglas que los demás deben cumplir.
Eso sería una bofetada a millones de colombianos que trabajan honestamente y pagan impuestos.
Y no se trata de una acusación menor que pueda despacharse con un comunicado. Los contratos públicos tienen rastros verificables: entidades, fechas, valores, supervisores y decisiones administrativas. Hay elementos que pueden investigarse y contrastarse. La pregunta es si las autoridades tendrán la voluntad de llegar hasta el fondo, incluso si eso implica investigar a quien ejerció la máxima autoridad del país.
Este escándalo tampoco aparece en un vacío político. El caso de la UNGRD sacudió al Gobierno por las presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a atender emergencias. Nicolás Petro fue imputado en un proceso penal. Y otras controversias sobre contratación han alimentado los cuestionamientos a una administración que prometió combatir la corrupción.
Cada caso debe responder a sus propias pruebas y responsabilidades. Pero la acumulación de escándalos plantea una pregunta inevitable: ¿dónde quedó el cambio que Petro les prometió a los colombianos?
Ante las denuncias, el debate suele desviarse hacia los periodistas, los denunciantes o los adversarios políticos. Se cuestiona quién habla, quién publica y a quién le conviene la revelación. Todo termina convertido en una pelea entre petristas y antipetristas, mientras las preguntas centrales siguen esperando respuestas.
La respuesta no puede ser el silencio, la evasión ni el ataque a quienes ponen estos hechos sobre la mesa. Petro debe responder por la gravedad de las denuncias que lo involucran. Si presuntamente se utilizaron contratos públicos para obtener favores sexuales, estamos ante una degradación del poder que no puede despacharse con una simple negación. Colombia merece saber qué ocurrió y quiénes estarían involucrados. La justicia tiene la obligación de llegar hasta el fondo, sin contemplaciones ni privilegios.
Deicy Jiménez debe contar con garantías para declarar sin amenazas ni intimidaciones. Las autoridades deben examinar su testimonio y contrastarlo con documentos y otras pruebas. Y si aparecen responsabilidades penales o disciplinarias, quienes correspondan deben responder ante la justicia, sin importar su apellido, su cargo o su corriente política.
La presunción de inocencia no puede utilizarse como excusa para archivar preguntas incómodas. Pero la indignación pública tampoco sustituye las pruebas. Lo que corresponde es una investigación seria, independiente y transparente.
Gustavo Petro quiso presentarse como el hombre que iba a cambiar la historia de Colombia. Ahora tiene que responder por la gravedad de las denuncias que lo rodean. Si se demuestra que utilizó el poder presidencial para obtener favores sexuales mediante contratos públicos, el país no estará ante un simple escándalo personal: estará ante una de las formas más degradantes de abuso del poder.
Los contratos del Estado no son juguetes del presidente. Las instituciones no son su patrimonio personal. Y la investidura presidencial no puede convertirse en un instrumento para satisfacer caprichos privados.
Quien gobierna Colombia no está por encima de la ley ni del escrutinio ciudadano. Y si las denuncias se comprueban, ninguna narrativa política, ningún discurso de cambio y ninguna maniobra para desacreditar a los denunciantes debería servir para esconder la gravedad de lo ocurrido.
