Colombia atraviesa uno de los momentos más peligrosos para la oposición democrática en décadas. No por un golpe militar, no por una censura explícita, sino por un silencioso y calculado debilitamiento de las garantías de seguridad para los líderes de derecha. Lo que está ocurriendo en nuestro país no puede llamarse de otra forma que persecución. Una persecución encubierta, pero efectiva, que se manifiesta en la reducción de esquemas, en el desinterés institucional y en una narrativa oficial que estigmatiza a quienes piensan diferente al régimen.
Senadores como Miguel Uribe Turbay denunciaron públicamente que su esquema de seguridad había sido reducido de forma arbitraria, pese a que había recibido reiteradas amenazas por su papel activo y combativo como líder opositor. Y ya todos conocemos el desafortunado desenlace: fue víctima de un atentado cobarde que pudo haberle costado la vida. ¿Cuántas alertas más se deben ignorar para que el Estado actúe? ¿Cuántos líderes deben ser silenciados o atacados para que la institucionalidad reaccione?
Hasta a mí, que he liderado con firmeza demandas judiciales en defensa del orden constitucional, me han llegado advertencias, presiones y ataques, por el simple hecho de exigir respeto por la ley y los principios republicanos. El mensaje es claro, quienes enfrenten al régimen deben hacerlo a riesgo de su propia seguridad.
Pero no somos solo nosotros. Están también en peligro otras figuras clave de la oposición, que han alzado su voz y hoy enfrentan represalias disfrazadas de omisión burocrática. El exministro Juan Carlos Pinzón, con su perfil técnico y su firme defensa de las Fuerzas Armadas, ha sido blanco de campañas de desprestigio y advertencias por su oposición al desmonte institucional que promueve el gobierno actual. Pinzón ha sido enfático en denunciar el debilitamiento progresivo de la seguridad y la politización de organismos de inteligencia, y no ha recibido respuesta a sus solicitudes de protección.
El académico y analista Andrés Barrios, quien desde sus columnas y espacios de opinión ha cuestionado con claridad los riesgos del modelo de concentración de poder que impulsa Petro, también ha advertido sobre amenazas contra su integridad. Sus denuncias han sido documentadas y elevadas a las autoridades, pero se han topado con un muro de indiferencia institucional que se ha vuelto norma para los críticos del régimen.
El exsenador Gabriel Velasco, una voz clara y coherente de oposición desde el Valle del Cauca, ha sido objeto de intimidaciones luego de sus denuncias por el crecimiento del poder armado en esa región y el abandono del Estado frente al avance del narcotráfico. Ha solicitado protección en reiteradas ocasiones, sin éxito. Lo mismo ocurre con el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ha denunciado públicamente amenazas directas de estructuras criminales y actores armados ilegales. Gutiérrez, lejos de ser escuchado, ha sido objeto de ataques y señalamientos por parte de sectores del gobierno, como si pedir garantías fuera un acto de provocación.
Lo más grave es que todos ellos han denunciado formalmente esta situación ante las autoridades, han radicado solicitudes ante la Unidad Nacional de Protección, y han puesto en conocimiento del país los riesgos que enfrentan. Pero sus voces han sido ignoradas. Más de 170 solicitudes de protección presentadas por líderes opositores y defensores de la legalidad duermen el sueño de los justos en los archivos de la UNP, como si sus vidas no tuvieran valor alguno para el Estado que debería protegerlas.
Este no es un descuido. Es una omisión sistemática. Una forma de censura por desgaste, que busca que el opositor se calle, se esconda o se rinda. En una democracia sana, el derecho a disentir debe estar protegido con la misma fuerza con la que se protegen los discursos del poder. Pero en la Colombia de hoy, esa garantía parece reservada para los amigos del régimen, mientras los demás nos enfrentamos solos a la amenaza.
Y mientras esto ocurre, el presidente Petro y sus funcionarios se llenan la boca hablando de paz total, pero esa paz no incluye a la oposición. Es una paz selectiva, para los suyos, para quienes empuñaron armas o ahora las usan desde la institucionalidad. Los líderes de derecha son sistemáticamente desprotegidos, deslegitimados y dejados a la deriva. Esta no es una coincidencia, es una política no escrita, pero ejecutada con precisión.
La democracia se muere también cuando se normaliza el miedo. Cuando el costo de oponerse al poder es recibir amenazas y quedarse sin escoltas. Cuando se castiga con negligencia a quienes no se alinean con el proyecto de poder del gobierno de turno. El país está siendo llevado, sin tapujos, hacia un modelo donde solo puede existir una voz, una verdad y una ideología. Lo demás estorba. Lo demás molesta. Lo demás, parece, no merece vivir tranquilo.
