La crisis del sistema de salud colombiano no es un accidente ni una consecuencia inevitable del pasado. Es evidente que el resultado de las decisiones políticas tomadas desde el poder se caracteriza por una combinación de improvisación, cálculo ideológico y una marcada falta de consideración hacia las realidades territoriales. El progresismo que actualmente gobierna, personificado Gustavo Francisco Petro Urrego y materializado en gran medida por su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ha transformado la promesa de reforma en un campo de confrontación donde los pacientes, los centros hospitalarios y el personal médico son los principales afectados.
El discurso oficial ha enfatizado en la necesidad de una transformación radical del sistema, ya que se considera condenado al fracaso. No obstante, a medida que la retórica progresa, la gestión se estanca y los problemas se agravan. El caso de la Nueva EPS constituye un ejemplo paradigmático: el impago sistemático de sus responsabilidades financieras ha generado un efecto dominó que asfixia a hospitales públicos y privados, especialmente en regiones donde el margen de maniobra es mínimo. No se trata de cifras abstractas ni de balances contables; se está hablando de servicios suspendidos, proveedores que no cobran, médicos que esperan pagos y pacientes que ven aplazada su atención.
La denuncia presentada por el gerente del Hospital San Rafael, Luis Fernando Arroyave, no debe ser considerada como un hecho aislado ni una exageración interesada. Esta es la voz de una institución que, al igual que muchas otras, se encuentra atrapada entre la obligación ética de atender y la imposibilidad material de sostener su operación. Cuando una EPS incumple sus obligaciones, el hospital se ve imposibilitado para satisfacer sus compromisos laborales, así como los de sus proveedores de medicamentos y servicios de mantenimiento de su infraestructura. El resultado es un sistema que se deteriora desde su interior, mientras el Gobierno se muestra indiferente o responde con acusaciones genéricas contra «los mismos de siempre».
En este punto, la mezquindad se manifiesta de manera evidente. En lugar de asegurar la estabilidad financiera del sistema mientras se debaten y gestionan las reformas estructurales, el Ejecutivo parece inclinado a permitir que la crisis se agrave como táctica de negociación política. La lógica subyacente es preocupante: mientras peor funcione el sistema actual, más sencillo será argumentar su desmantelamiento. No obstante, dicha estrategia soslaya de manera consciente el elevado costo humano de la inestabilidad, que no es asumido por los ministros ni los asesores, sino por los ciudadanos que esperan una cita, un tratamiento médico o una intervención quirúrgica.
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, con una perspectiva centralizada y confrontacional, ha optado por desacreditar a los actores que advierten sobre el inminente colapso financiero. Gobernadores, alcaldes, gerentes hospitalarios y asociaciones médicas han sido señalados como defensores de privilegios, cuando en realidad están alertando sobre la inviabilidad operativa del día a día. Reducir estas advertencias a una supuesta resistencia al cambio no solo es intelectualmente pobre, sino que también es éticamente cuestionable.
Por su parte, Gustavo Francisco Petro Urrego ha optado por circunscribir el debate en términos morales absolutos, posicionándose en una encrucijada entre el «pueblo» y la reforma, por un lado, y los «enemigos» del cambio, por otro. En este modelo binario, no se contempla la gestión responsable ni la corrección de errores. El resultado es un Gobierno más preocupado por ganar la narrativa que por garantizar que los hospitales puedan pagar nóminas y adquirir insumos básicos.
La salud no puede ser objeto de experimentación política ni quedar sujeta a condicionamientos ideológicos. Cualquier reforma sustancial debería fundamentarse en un principio elemental: no es posible destruir lo que funciona sin haber desarrollado un reemplazo que sea significativamente mejor. En la actualidad, se evidencia una situación diametralmente opuesta: un sistema deliberadamente debilitado, EPS intervenidas sin soluciones concretas y hospitales al borde del colapso financiero. La mezquindad del progresismo gobernante no radica en su deseo transformador, sino en su indiferencia frente a las consecuencias inmediatas de su inacción y su soberbia. Mientras el Gobierno se encierra en su posición, la crisis se manifiesta en casos específicos como el del Hospital San Rafael. Cuando la política se vuelve incapaz de escuchar a quienes sostienen el sistema con esfuerzo cotidiano, la enfermedad deja de ser solo del sector salud y se convierte en patología del poder. La crisis del sistema de salud colombiano no es una circunstancia inevitable, sino el resultado de decisiones políticas que otorgan mayor peso a la ortodoxia que a la gestión efectiva. Al ejercer presión sobre el sistema para imponer su reforma, el Gobierno admite el sufrimiento de pacientes y centros hospitalarios como un costo político, priorizando la narrativa sobre el cuidado efectivo de la vida.
