Las recientes noticias no pueden ser peores. Fosas comunes de líderes sociales, atentados indiscriminados y secuestros a la fuerza pública, decenas de civiles masacrados, asesinato del candidato más opcionado del partido de oposición y uso de drones con explosivos por el ELN y disidencias de las FARC. Nadie puede hoy tapar el sol con las manos, Colombia atraviesa una preocupante escalada de criminalidad.
Las cifras oficiales para el período enero-julio de 2025 revelan un crecimiento alarmante de delitos en comparación con el mismo periodo de 2021: el secuestro aumentó un 154%, la extorsión 59% y el terrorismo 76%. Son vidas humanas y familias afectadas, territorios amedrentados y ciudadanos que pierden su sensación de tranquilidad. Esto se agrava al observar que en el último año los asesinatos de miembros de la fuerza pública en actos de servicio aumentaron en un 100%. Parecemos “petrificados” en seguridad.
Más allá de las cifras, se evidencia una pérdida del monopolio legítimo de la fuerza del Estado. Una gran explicación estructural de este fenómeno es el crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos. Mientras el país superó las 250.000 hectáreas de coca sembradas, la erradicación manual cayó de 40.077 hectáreas en 2021 a 3.636 en 2025: una reducción del 91%. Esta permisividad ha alimentado el poder de los grupos armados, facilitado el reclutamiento de menores, incrementado el microtráfico que afecta miles de familias, niños y adolescentes, incentivado además economías ilegales y deteriorado las condiciones de seguridad territorial.
La salida arranca con recuperar las capacidades financieras, de información, tecnológicas y humanas de la fuerza pública. Pero sobre todo, devolverle la dignidad, capacidad de respuesta y respaldo institucional a sus integrantes. Nadie entiende la salida voluntaria de más de 22.000 miembros de la fuerza pública y un crecimiento de más del 300% en el llamamiento a calificar servicios.
En simultánea no podemos dejar de insistir en recuperar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, volver sobre la erradicación manual, perseguir los capitales de los narcos con acceso a información. Es inconcebible por eso que sigamos por fuera de Egmont Group y nada se haga. En Colombia no podemos terminar en el “infantilismo” de creer que porque crecen las incautaciones estamos derrotando el narcotráfico. Es absolutamente obvio que si crecen los cultivos ilícitos y el índice de potencial de producción de coca, las incautaciones harán lo propio.
Y todo lo anterior no se puede empeorar por un proceso de paz mal conducido. No se valen “tarimazos” a narcotraficantes para reconocerles ¿quién sabe qué? como si fueran actores políticos en una suerte de “Paz Narca”. No se vale la atomización de una negociación que no tiene ni verdad, justicia, reparación o no repetición y donde prácticamente se regala el cese unilateral al fuego por parte del Estado, sin recibir nada a cambio y sin verificación.
Y finalmente preparémonos para una reforma a la justicia que garantice su oportunidad, eficiencia, el fortalecimiento de capacidades de información y financieras y un revolcón en el sistema carcelario.
Colombia no puede resignarse a que la ilegalidad sea la norma. La seguridad no es de derecha, centro o izquierda: es la base del progreso, la inversión, la democracia y una paz duradera.
JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO
Rector Universidad EIA
jrestrep@gmail.com
