La reciente declaración del secretario general de la ONU, António Gutiérrez, en la COP16 en
Cali, marca un hito en la conversación global sobre las políticas antidrogas. Su respaldo al
llamado del presidente Gustavo Petro para replantear los métodos de la Oficina de la
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) abre una puerta a la reflexión sobre
las políticas internacionales que, por décadas, han priorizado la represión sobre la
prevención, sin obtener los resultados esperados. Como presidente de la Comisión de la
Nueva Política de Drogas del Congreso de la República y promotor de una regulación
responsable del cannabis de uso adulto, celebro este pronunciamiento como un paso hacia
la sensatez y la efectividad en el tratamiento de este complejo fenómeno.
Durante años, la lucha contra las drogas en Colombia ha dejado una estela de violencia,
desplazamiento y destrucción del tejido social en los territorios más vulnerables. Los
campesinos, quienes en muchos casos no encuentran otra salida económica que el cultivo
de coca, terminan atrapados en un círculo vicioso de pobreza y persecución, mientras las
grandes estructuras del narcotráfico permanecen intactas. La propuesta del presidente
Petro de comprar hoja de coca a los campesinos busca romper con este ciclo y ofrecer una
alternativa viable para las comunidades rurales. Se trata de una medida audaz, pero
necesaria, que cuenta con el apoyo de la ONU en la medida en que su implementación
pueda orientar la producción hacia usos positivos que no alimenten el tráfico ilegal.
La idea de comprar la producción de hoja de coca a campesinos para desvincularla del
narcotráfico y destinarla a usos legales es innovadora y sensata. Para que sea efectiva, sin
embargo, es indispensable garantizar su implementación en un marco de transparencia,
supervisión y rigor que involucre no solo al Gobierno colombiano, sino también a los
organismos internacionales. En este contexto, es fundamental que se discuta, además, la
posibilidad de exportar hoja de coca y cocaína de manera legal, bajo estrictos estándares, al
mercado internacional. No se trata de fomentar el consumo, sino de ofrecer alternativas
legales y supervisadas, transformando un negocio ilegal en una fuente de ingresos para el
país y un mercado regulado que reduzca los riesgos asociados con la ilegalidad.
Las políticas de drogas no pueden seguir siendo un monólogo de represión. Como hemos
visto, los esfuerzos globales para erradicar las drogas mediante estrategias estrictamente
punitivas han fracasado en reducir el tráfico y han costado millones de vidas. La declaración
de Guterres nos permite pensar en un futuro donde la política antidrogas sea abordada
desde una perspectiva de salud pública y desarrollo sostenible, donde los países
productores y consumidores encuentren una ruta que respete los derechos humanos y
promueva el bienestar de sus ciudadanos.
La Comisión de la Nueva Política de Drogas del Congreso de Colombia está comprometida
en liderar este cambio. Nuestra labor es impulsar una regulación que mire hacia adelante,
que incluya no solo la regulación del cannabis, sino también una visión alternativa sobre la
coca y sus derivados. Debemos romper con los tabúes y enfrentar esta realidad con
soluciones innovadoras, pues en ello radica la posibilidad de construir una paz duradera y
una economía robusta en nuestros territorios más afectados. Como país productor, tenemos
el conocimiento y la experiencia necesarios para liderar una nueva política de drogas que
priorice la salud pública, la justicia social y la sostenibilidad.
Colombia puede y debe ser el ejemplo de una política de drogas que funcione. Agradezco al
secretario general Guterres por su disposición a escuchar y apoyar esta propuesta que
aboga por la dignidad de nuestros campesinos y por una estrategia global más justa y
humana. Es hora de dejar de lado las políticas fallidas del pasado y construir una alternativa
de paz y legalidad para todos.
Alejandro Ocampo
