El país entero debería estar de pie exigiendo justicia. Esta semana se conoció el horror: un presunto violador estuvo a cargo del cuidado de niños y niñas en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá. Un monstruo vestido de profesor. Freddy Arley Castellanos Velasco fue capturado por abuso sexual contra mínimo una menor estudiante del Jardín Infantil Canadá Sede F, en la localidad de San Cristóbal de Bogotá. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cuántos filtros se omitieron? ¿Quiénes son los responsables?
La respuesta no puede seguir dilatándose. Es claro: la directora del ICBF, Astrid Cáceres, debe renunciar. No dentro de una semana, no después de una reunión, no cuando regrese el Presidente de su gira en China. Debe renunciar hoy. Y si no lo hace, el presidente Gustavo Petro debe pedirle su renuncia de inmediato.
No es posible que, ante hechos tan graves, la máxima autoridad del Bienestar Familiar siga al frente como si nada. No solo fallaron los protocolos, falló la política pública que ella misma diseñó: un modelo tercerizado, con contratación a dedo de operadores privados, que ha entregado a nuestros niños en manos de cualquiera. Ese modelo ha fracasado. Y ha dejado víctimas.
La directora ha dicho que los hechos “nos duelen”, que hay que revisar el modelo, que fue un “reemplazo”. ¿Eso le vamos a decir a las familias de los niños abusados? ¿Eso le vamos a decir a la infancia de este país? Las omisiones del ICBF en este caso no son menores: protegieron al agresor, dudaron de los testimonios, no activaron las alertas, ni suspendieron al operador. Ningún niño o niña debió vivir algo así bajo el amparo del Estado. Pero ocurrió. Y ocurrió en su administración.
Incluso el propio presidente Gustavo Petro, en su intervención del viernes 9 de mayo por la noche, reconoció el fracaso del modelo implementado por su gobierno. “Yo dije desde hace años que eso se debía acabar y no me han cumplido”, afirmó al referirse a la tercerización en la contratación de personal en los jardines infantiles. Esa crítica apunta directamente a la gestión de la señora Cáceres. El mismo presidente ya entendió que algo anda muy mal. ¿Qué más hace falta para actuar?
La responsabilidad política no se disuelve con pronunciamientos grabados en video. Se asume. Por eso desde el Congreso, como presidenta de la Comisión de Infancia de la Cámara de Representantes, exijo que la señora Cáceres se haga a un lado. Su permanencia es insostenible, y su renuncia es el primer acto de reparación con las víctimas. Cada día que pasa al frente del ICBF es una afrenta a la dignidad de los niños.
Hago un llamado a la ciudadanía, a los padres, a los cuidadores, a los educadores: no nos acostumbremos al horror. No permitamos que la infancia siga siendo atropellada por funcionarios que no hacen su trabajo. Movilicémonos, alcemos la voz. La directora debe irse. Y el Presidente debe actuar ya.
Los niños, niñas y adolescentes de Colombia no pueden esperar una semana más
