La administración del presidente Gustavo Petro ha estado marcada por decisiones y
políticas que, lejos de mejorar las condiciones de seguridad, desarrollo y bienestar de los
colombianos, han profundizado los problemas que enfrenta el país. La crisis en el
Catatumbo es una muestra clara de ello: más de 52.807 personas han sido desplazadas,
25.011 confinadas y se han registrado al menos 52 homicidios en las últimas semanas.
El Catatumbo recibió siete alertas tempranas entre 2022 y 2024, y según la Defensora del
Pueblo, Dra. Iris Marín, lo que ocurrió era completamente previsible. A esta situación se
suma la falta de respuesta del gobierno ante las alertas tempranas emitidas en
departamentos como Cauca y Huila. Donde el Departamento del Huila, ya cuenta con su
primera alerta temprana de 2025 en el que 20 municipios están en riesgo inminente debido
a la expansión de grupos armados ilegales y el reclutamiento forzado de menores. La
omisión de estas advertencias refleja no solo la falta de compromiso del gobierno con la
seguridad de los colombianos, sino también su incapacidad para contener el avance de estos
grupos y proteger a las comunidades en territorios históricamente golpeados por la
violencia.
En cuanto al manejo de las relaciones exteriores ha sido errático y perjudicial para diversos
sectores productivos del país. La tensión con Estados Unidos podría afectar directamente a
caficultores, piscicultores y otros gremios, mientras que el gobierno parece inclinarse por
gobiernos cercanos a su ideología, dejando de lado relaciones estratégicas con socios
comerciales claves. Además, de que convalida y respalda dictaduras como la de Nicolás
Maduro en Venezuela. Esta incoherencia pone en riesgo la estabilidad de la política exterior
colombiana y sus relaciones diplomáticas a futuro.
Otro tema crítico es el recorte presupuestal a proyectos de infraestructura y desarrollo
regional. Obras esenciales como el STEP, en Neiva y para el Huila la vía
Altamira-Florencia en Caquetá, el Metro de Bogotá y el Túnel del Toyo en Antioquia han
sido afectados, con la excusa de que el Congreso negó la ley de financiamiento. Sin
embargo, estos presupuestos correspondían a vigencias de gobiernos anteriores y eran
fundamentales para la modernización del país. En lugar de asumir su responsabilidad, el
presidente prefiere justificar los recortes atacando al Congreso y desviando la atención
sobre su pésima ejecución presupuestal. Mientras, su gobierno ha destinado recursos a
estrategias mediáticas, como la contratación de influenciadores para maquillar su baja
gestión, lo que genera preocupación sobre la posibilidad de que estos mecanismos se
utilicen con fines electorales en el futuro.
De cara a 2025, el panorama es desolador. En seguridad; la permisividad del gobierno con
el crecimiento de grupos armados ilegales y la omisión de los hechos de violencia auguran
un año con mayor deterioro. En relaciones exteriores; parece que se fortalecerán vínculos
con gobiernos de su misma ideología política, decisión que le limita las oportunidades a
Colombia en materia de comercio exterior y cooperación internacional. En infraestructura;
el gobierno ha demostrado que sus promesas no pasan de ser discursos vacíos, ya que ha
recortado recursos claves para el desarrollo social y regional. En vivienda; como el
programa «Mi Casa Ya» que prácticamente ha desaparecido, dejando a miles de familias sin
acceso a una solución de vivienda. La educación también enfrenta incertidumbre con el
futuro de las universidades públicas y el ICETEX, mientras que el presupuesto para el
deporte es el más bajo en años, afectando a miles de atletas.
En el ámbito ambiental; el país enfrenta una bomba de tiempo con los rellenos sanitarios:
52 operan sin vida útil y 34 están próximos a vencerse, según la Superintendencia de
Servicios Públicos, además de otros tantos casos que requieren ser revisados con lupa, por
esto desde el Congreso realizaremos el respectivo control político, porque el gobierno no
ha tomado medidas concretas para evitar una crisis ambiental y de salud pública.
En conclusión, el gobierno de Gustavo Petro parece estar sumido en el caos, sin una
estrategia clara para resolver los problemas estructurales del país. La seguridad, la
infraestructura, la vivienda, la educación, el deporte y el medio ambiente han sido relegados
a un segundo plano, mientras el gobierno sigue más preocupado por discursos ideológicos
que por la realidad de los colombianos. La falta de ejecución y el desprecio por las alertas y
advertencias evidencian una administración desconectada de las necesidades del país. En
lugar de construir soluciones, el gobierno prefiere preocuparse por las elecciones del 2026,
alimentando la crisis y buscando culpables, olvidando que ¡su única prioridad debería ser
COLOMBIA!.