La situación actual en Colombia exige una revisión profunda de las penas y sanciones para aquellos que cometen delitos atroces contra nuestros niños, quienes representan la esperanza y el futuro de nuestra nación. Nos encontramos en un momento crítico en el que la sociedad no puede permanecer indiferente ante las tragedias que día a día afectan a los menores y jóvenes de nuestro país. Es inaceptable que, en lugar de endurecer las penas para quienes asesinan, abusan o maltratan a nuestros niños, la justicia continúe otorgando beneficios y libertades que no se justifican.
Lamentablemente, hemos presenciado casos en los que los delincuentes, ya identificados como peligrosos para la niñez, quedan en libertad a través de procesos que parecen diseñados más para proteger sus derechos que para garantizar justicia a las víctimas. Este tipo de decisiones reflejan una preocupante desconexión entre las necesidades reales de la sociedad y las reformas jurídicas que deberían priorizar la protección de nuestros menores.
Las reformas actuales en el sistema judicial, lejos de castigar con firmeza a los responsables de estos crímenes, a menudo parecen orientadas a otorgarles segundas oportunidades, incluso cuando han demostrado ser una amenaza para la sociedad. En lugar de premiar o suavizar las penas, debemos enfocar nuestros esfuerzos en fortalecer un sistema legal que impida que estas personas queden en libertad, asegurando así que enfrenten las consecuencias plenas de sus actos.
Debemos recordar que nuestra juventud y nuestra niñez son el recurso más valioso que tenemos, y cada niño y joven merece crecer en un entorno seguro y protegido, lejos de cualquier tipo de violencia o abuso. La construcción de un futuro próspero para nuestro país depende de la protección de las nuevas generaciones y del establecimiento de leyes firmes que garanticen que los derechos de los niños no se vean vulnerados. Es hora de unir esfuerzos para exigir una reforma judicial que priorice el bienestar de la niñez, una justicia efectiva que castigue a quienes les hacen daño, y políticas que garanticen la seguridad y el desarrollo integral de los menores, quienes, en definitiva, son el futuro de Colombia.
