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Katherine Meneses Restrepo

¿Por qué condenan al Estado?

Una columna del Portal de Opinión

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Algunos tuvimos la oportunidad de escuchar hace poco el nombre Gloria Lara, incluso, se nos hace familiar nombres como Jesús María Valle o, quizás se nos hace natural escuchar casos como la masacre Santo Domingo, la masacre del Aro o el caso de altísimo impacto denominado masacre Pueblo Bello, todos, contra Colombia, donde nuestro Estado ha sido responsabilizado internacionalmente y sancionado por los lamentables hechos que centraron los citados asuntos.

Inicialmente, cuando pensamos en los detalles de cada uno de esos casos, puede pasar por nuestras mentes que las víctimas tenían derecho a que condenaran a Colombia, finalmente, siempre queremos pensar en un responsable, pero lo que en realidad deberíamos preguntarnos es ¿Por qué sancionaron a Colombia por hechos que fueron impetrados por terceros?

Para dar respuesta a ese interrogante los quiero trasladar a un momento histórico de nuestra humanidad, y es que antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, previo a las luchas y las batallas donde murieron miles y miles de personas para lograr abolir la esclavitud, en donde el principal objetivo era obtener el reconocimiento de los derechos mínimos que como humanos debemos respetar y que se nos respeten, nuestra sociedad era un caos, el concepto de justicia era claramente erróneo, la ponderación y la mesura no hacía parte del actuar de quienes comandaban las naciones.

Sé que muchos, por lo que han visto en las películas y lo que han alcanzado a leer de esa época, no quisieran pensar en haber existido en esos momentos de la historia, imaginarlo, resulta de antemano aterrador, las mujeres ni siquiera tenían derechos, la forma en cómo se resolvían los crímenes, era totalmente absurdo, y las condenas solo se proferían por sospecha, respirar en esa época, de ante mano, era asustador.

Ni siquiera nos provoca pensar en no haber nacido libres, en haber nacido esclavos, sin poder elegir … elegir que comer, a qué hora ver la luz del día, bañarse o algo tan sencillo como caminar esperando a que el viento golpee suavemente la tez de nuestras mejillas; tan solo imaginar esa época, acelera el corazón de cualquiera, no vaya a ser que por esa simple sospecha tu cuello resulte degollada en plena plaza pública, evento al que todos asistían con tal de complacer el morbo que cada uno lleva en su ser, la normalidad de la sangre, la normalidad de la injusticia y la tolerancia al exceso de poder … Eso en algún momento debía terminar.

Y precisamente terminó, pues, en un momento histórico, y una vez abolida la esclavitud, los líderes de los estados se reunieron con la finalidad de buscar un mecanismo para garantizarle a los ciudadanos vivir justa y dignamente, en donde toda la construcción de lo que conocemos como Nación, respetara como mínimo los derechos humanos, y  en el año 1969 nace a la luz un documento denominado “Convención Americana de Derechos Humanos” que recopiló una serie de compromisos y obligaciones, de tal manera que Colombia lo ratifica en 1973 y, posteriormente, en 1985 acepta ser investigada y sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo anterior significa que todas nuestras normas, todo el actuar de nuestros funcionarios públicos y todo lo que concebimos como Estado, debe ir en armonía con el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus instrumentos adicionales, pues, esa es la garantía que como ciudadanos tenemos de no caer en manos de un estado arbitrario.

Cuando pensamos en el reciente caso de Gloria Lara, en donde el Estado reconoció su responsabilidad internacional por no haber cumplido con su obligación de investigar y responsabilizar a los perpetradores de su secuestro y posterior asesinato, indudablemente debemos reflexionar sobre los tres motivos por los cuales el Estado debe responder internacionalmente, siendo ellos: la omisión, la acción y la aquiescencia; y es que cuando decimos que hacemos parte de una Nación, esperamos de esta su total protección.

Como consecuencia de lo anterior, las autoridades tienen la innegociable obligación de investigar, sancionar y responsabilizar a los infractores con penas justas y humanas; es por ello, que en casos como el reconocido Jesús María Valle, la masacre del Aro y la masacre Santo Domingo, todos contra Colombia; el Estado Colombiano ha sido sancionado, pues organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, velan porque los estados partes realmente cumplan los compromisos contraídos, y de los cuales, los principales beneficiados somos los ciudadanos.

Resaltar esta historia, y explicar en un lenguaje sencillo la importancia del sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos ayuda a entender las decisiones de los Tribunales Internacionales, sobre todo, a quienes hemos nacido sin memoria para imaginar la crueldad a la que puede llegar una humanidad sin límites, sin normas y sin academia…

Katherine Meneses Restrepo.

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