Por: Juan Espinal
El empeño del gobierno Petro en exterminar el sector minero-energético del país es evidente. Las declaratorias de áreas de reserva natural sin argumentos técnicos, el invento de las zonas ZAPPA y APPA, el no pago de la deuda a las generadoras por la prestación del servicio eléctrico subsidiado, la negativa a firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, y la intervención en la empresa Air-e, están llevando a Colombia a una situación de pobreza energética. Cada vez más colombianos deben quemar leña para sobrevivir, y el impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos más vulnerables se evidencia en el aumento de las tarifas de gas y energía.
Desde el inicio del gobierno Petro se ha hablado de una reforma a la Ley de Servicios Públicos, así como de la creación de una integración vertical del sector eléctrico y del gas, lo cual sería una decisión perversa, que daría paso a un monopolio estatal. Sin embargo, el ministro Edwin Palma, más ejecutivo que sus predecesores y, además, audaz y sin límites, anunció que el 20 de julio presentará la “Ley de Reducción de Tarifas”, vendiéndola como un acto de justicia social, cuando en realidad esconde modificaciones normativas críticas para los ciudadanos.
Esta reforma pretende imponer a los estratos 4, 5 y 6, así como al comercio, el pago de la deuda de los subsidios acumulados por la opción tarifaria (más de 2.9 billones de pesos), sin debate tributario. Es, en esencia, un impuesto disfrazado. Además, elimina el subsidio a los hogares más pobres si consumen “demasiada” energía. ¿La razón? Superan el consumo promedio, sin considerar si se trata de familias numerosas, si viven en zonas cálidas, o si simplemente poseen una nevera o un pequeño negocio. Retirarles el subsidio por “consumir mucho” es incrementar la pobreza energética en el país. Lo que propone el gobierno no es solidaridad, es redistribución improvisada: sin estudios, sin control fiscal y sin reglas claras.
A esto se suma la intención de modificar la composición de la CREG y sus funciones para incluir representantes de los usuarios, académicos y trabajadores. Será un debate interesante y tenso en el Congreso. Ojalá logremos frenar este despropósito, y que gremios, empresarios, sindicatos y usuarios se involucren en la discusión, y no se aíslen, como ha ocurrido antes. La historia del lamento se repite: vemos a los sectores protestando en los titulares después de haber permanecido en silencio, como ocurrió con la reforma laboral, que parecía enterrada, pero terminó reviviendo gracias a los mismos gremios que hoy lamentan su propio error.
Y cómo no mencionar la nueva alerta del Gestor del Mercado, que advierte un déficit de gas firme del 20% para 2026. El déficit asciende a 206 GBTUD, afectando tanto a los colombianos como a la industria. En medio de este desabastecimiento, el gobierno promueve un proyecto de ley para reducir tarifas eléctricas, sin resolver el verdadero problema: la falta de gas y de generación firme que sostiene el sistema. La iniciativa del ministro Palma promete alivios tarifarios, pero no garantiza sostenibilidad ni abastecimiento.
La salida de Shell del país no es un simple titular: es una señal de alarma. Colombia deja de ser un destino atractivo para la inversión energética, justo cuando el gas natural es clave para una transición ordenada, justa y sostenible. La falta de seguridad jurídica y la negativa a nuevos contratos de exploración agravan la situación. Este gobierno, que presume de sumar derechos, en realidad se dedica a restar desarrollo. No es solo una empresa la que se va: son empleos, desarrollo regional y futuro energético los que también se esfuman. Felicitaciones a Gustavo Petro, quien ha logrado espantar a los empresarios que, desde su llegada a la presidencia, no ha hecho sino atacar y señalar.
La única bandera del gobierno Petro en materia energética, lamentablemente, es la pobreza energética.
