Desde su llegada al poder, el presidente Gustavo Petro ha proyectado una imagen más cercana a la de un activista preocupado por lo que ocurre fuera del país que gobierna, que a la de un mandatario concentrado en resolver las urgencias internas. Sus declaraciones internacionales y, en particular, su manifestación en las calles de Nueva York frente al conflicto entre Israel y Palestina han captado la atención de la prensa global. Estas decisiones improvisadas han expuesto a Colombia a un riesgo diplomático inminente, al tiempo que reflejan un preocupante desinterés por el conflicto armado interno, dándole la espalda a la crisis humanitaria del país.
El 26 de septiembre de 2025, desde Nueva York, Petro hizo públicas acusaciones y rechazos contra el gobierno de Estados Unidos. Estas aseveraciones desprevenidas concluyeron en sanciones y rupturas de confianza con EE.UU. comenzando con el retirado de visas al presidente y a varios miembros de su gabinete.
Durante las dos primeras semanas de octubre, el presidente no ha vacilado en expresar abiertamente su solidaridad con Palestina. Tras las movilizaciones del pasado primero de octubre, convocadas para exigir la liberación de las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó al Gobierno Nacional pronunciarse sobre los hechos ocurridos en la capital. Pese a ello, el presidente volvió a convocar nuevas manifestaciones para el martes 7 de octubre. Hasta el momento, el único pronunciamiento oficial del presidente, publicado en su cuenta de X, ha sido el siguiente: “El Gobierno de Colombia protegerá la embajada de los Estados Unidos, pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano.”
A primera vista, estas acciones tienen una dimensión legítima, los gobiernos no pueden permanecer neutrales frente a graves vulneraciones de derechos humanos en el mundo. Pero el problema surge cuando el activismo internacional eclipsa las urgencias nacionales. Colombia enfrenta una crisis humanitaria en su propio territorio y en lugar de volcarse a resolverla, el Presidente parece preferir protagonismos globales.
El clima se torna alarmante para Colombia ante la etapa previa a las elecciones legislativas y presidenciales en 2026. Este espectáculo sirve a una narrativa polarizadora dividiendo a los colombianos entre quienes lo celebran como símbolo de justicia global y quienes lo ven como un político distraído, desconectado o incluso dogmático. Pero esa división de la opinión no hace sino entorpecer el debate urgente que reclama soluciones en Colombia.
De acuerdo con Human Rights Watch, desde enero de 2025 grupos armados como el ELN han reactivado sus ofensivas en el Catatumbo, provocando el desplazamiento de más de 56.000 personas. Esta situación evidencia el fracaso en la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016 y, a la vez, el desgaste de la llamada “paz total” que el Gobierno del cambio prometió consolidar. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que 2025 podría convertirse en el peor año de la última década para Colombia en términos humanitarios, con un deterioro alarmante de los indicadores sociales y un agravamiento de las condiciones de abandono en las regiones más marginadas del país.
Cuando un presidente se apropia de causas internacionales mientras su propio país arde, no se trata solo de una cuestión de prioridades, sino de una ilusión de poder. Gustavo Petro proyecta una imagen de liderazgo global, pero su gestión interna parece tambalear en autoridad. Aspira a ser un referente continental, aun cuando abre múltiples frentes de conflicto en cuanto la intención de voto, polarizando a su propia nación. Es posible que su estrategia de mostrarse como un orador ‘‘agresivo’’ en el escenario internacional busque reforzar su base política, fidelizando a ese sector del electorado que celebra su “activismo rebelde”. Sin embargo, resulta innegable la pérdida de credibilidad y confianza entre quienes le otorgaron su voto en 2022. A tan solo un año de concluir su mandato, y en vísperas de un nuevo ciclo electoral, Petro no ha logrado contener la confrontación entre los colombianos. Su incapacidad para garantizar un clima político estable pone en riesgo la seguridad de candidatos, militantes y ciudadanos en medio de una violencia política que parece no tener fin.
