La presunta infiltración de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Calarcá, en conversaciones y contactos con un general del Ejército y funcionarios de inteligencia, no debe ser considerada como un suceso aislado ni un mero accidente burocrático. Por el contrario, debe ser interpretada como la manifestación más cruda de un deterioro institucional que Colombia ha venido incubando durante los últimos años. Lo que ha salido a la luz con esta trama de conspiraciones, silencios y lealtades cruzadas revela un riesgo que supera con creces el impacto inmediato del escándalo: el país está viendo cómo se diluye la frontera entre el Estado y los actores que históricamente han buscado socavarlo.
Ciertamente, el hecho de que un militante guerrillero como alias Calarcá, con trayectoria en estructuras armadas, conocimiento profundo de los mecanismos de cooptación y experiencia en la manipulación de escenarios institucionales, haya logrado posicionarse en la órbita de altos mandos y funcionarios estratégicos, evidencia una fragilidad que no puede normalizarse. Este incidente no debe ser considerado únicamente como un error de contrainteligencia; se trata de un quiebre sistémico en el que las redes políticas, ideológicas y operativas se entrelazan de manera peligrosa.
Lo que resulta verdaderamente preocupante es la situación subyacente que permanece oculta. Esta infiltración no surge de manera espontánea, sino que es el resultado de un proceso histórico en el que antiguos militantes del M-19, convertidos en figuras clave del poder institucional, han ocupado posiciones estratégicas del Estado sin que se hayan implementado filtros suficientes de control, contrapeso o verificación técnica. En este contexto, no se pone en tela de juicio la reintegración ni la participación política, dos logros indispensables para cualquier democracia que aspire a una paz estable y duradera. El tema central radica en la acumulación de poder en manos de sectores que aún no han resuelto sus lealtades ideológicas y que mantienen estrechos vínculos con organizaciones non-sanctas.
La presencia de exmilitantes del M-19 en cargos estratégicos del Gobierno ha sido defendida como un ejercicio de diversidad política. Sin embargo, la realidad reciente muestra que su influencia ha permeado en ámbitos tan sensibles como la inteligencia, la seguridad nacional, las negociaciones de paz y la operación misma de las Fuerzas Armadas. Este reacomodo de factores internos no solo modifica las prioridades del Estado, sino que también altera la cadena de mando, condiciona las decisiones operativas y, como se ha observado, abre oportunidades para actores que anteriormente no tenían acceso a estructuras de alto nivel.
El caso de alias Calarcá supone una situación de máxima alerta. Si las facciones disidentes de las FARC lograron establecer una relación con un general en ejercicio, ¿qué otras líneas rojas podrían estar siendo vulneradas? ¿Qué información sensible podría haberse filtrado? ¿Qué decisiones tácticas o estratégicas podrían haber sido comprometidas? ¿Hasta qué punto se ha normalizado la infiltración silenciosa bajo el discurso de la «paz total» y el «perdón histórico»? Es importante reconocer que muchos de los exmiembros del M-19 que actualmente ocupan posiciones de liderazgo han desarrollado una perspectiva del conflicto y de las instituciones influenciada por su propia trayectoria histórica. Para algunos, el Estado continúa siendo un organismo que debe transformarse radicalmente desde su interior, incluso si ello implica flexibilizar los límites éticos o institucionales.
Colombia no puede permitir zonas grises en la seguridad nacional. La infiltración en las fuerzas armadas y en los organismos de inteligencia es una línea prohibida que deja al país expuesto a chantajes, sabotajes y manipulación informativa. Lo que está en juego es la estabilidad del Estado y la confianza pública en las instituciones. Este escándalo debe asumirse con la gravedad que le corresponde. No basta con anunciar investigaciones ni destituir a los responsables. Lo que se necesita es revisar los protocolos de acceso a cargos de seguridad e inteligencia, fortalecer los sistemas de contrainteligencia y debatir el impacto político de haber entregado cuotas sensibles a sectores que siguen respondiendo a coordenadas ideológicas que no siempre sintonizan con la lógica del Estado.
Colombia ha experimentado consecuencias significativas debido a las brechas de seguridad, la manipulación de información y la falta de transparencia institucional. Repetir la historia constituiría no solo un error, sino una irresponsabilidad histórica. El país merece respuestas claras, decisiones firmes y un blindaje real que ponga fin a la confusión entre reconciliación y complicidad. En la actualidad, la democracia demanda una restauración de las fronteras que nunca deberían haberse transgredido. Cuando los límites entre el Estado y los actores que anteriormente lo atacaron comienzan a difuminarse, no es solo un gobierno el que se ve amenazado, sino la propia República.
