En el Congreso de la República se debate un proyecto de ley que propone flexibilizar el
porte de armas de fuego para civiles, argumentando que esto mejorará la seguridad en el
país. Nada más alejado de la realidad. La evidencia internacional y nacional demuestra que el aumento en la disponibilidad de armas de fuego está directamente relacionado con el
incremento de la violencia.
Según el Small Arms Survey, en 2021 murieron casi 580.000 personas en hechos violentos
en el mundo, el 45 % de ellas por armas de fuego. En América Latina, donde el acceso a
estas armas es más restringido que en Estados Unidos, el 71 % de los homicidios se
cometen con armas de fuego, una cifra alarmante comparada con la media mundial del
45%. En Colombia, el homicidio sigue siendo uno de los delitos de mayor impacto, y en
ciudades como Bogotá el 61 % de estos crímenes se comete con armas de fuego.
La restricción al porte de armas ha sido una política efectiva. En Bogotá y Medellín, por
ejemplo, la restricción de armas redujo la tasa de homicidios en un 22 %, según un estudio
de la Universidad de los Andes. Es un mito pensar que armar a la población mejorará la
seguridad; por el contrario, la experiencia muestra que el acceso fácil a armas de fuego
agrava el problema.
Colombia necesita políticas que fortalezcan la inteligencia y la interdicción de la Fuerza
Pública para combatir el tráfico ilegal de armas, no medidas que pongan más armas en
circulación. También es urgente robustecer la inspección y el control sobre las empresas de
seguridad privada y sobre la producción de armas en Indumil, para evitar que estas
terminen en el mercado ilegal.
La seguridad no se consigue facilitando el porte de armas, sino con políticas de Estado
sostenibles, que ataquen las causas estructurales de la violencia. Por eso, digo con
claridad: no a las armas en manos de civiles.
Alejandro Ocampo
