Colombia parece estar sujeta a repetir las mismas dinámicas políticas, aunque con discursos, rostros y estrategias renovados. La memoria colectiva, por su naturaleza frágil, se ve expuesta a la manipulación a través de relatos cuidadosamente construidos que, con gran habilidad, reinterpretan el pasado reciente para servir a determinados proyectos de poder.
Lo que hoy se observa no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Se trata de la continuidad de una forma de hacer política que ya demostró su eficacia en 2022, la canalización del inconformismo social hacia objetivos electorales concretos. En aquel momento, la movilización de jóvenes, comunidades indígenas, sectores afrodescendientes y diversos grupos históricamente marginados fue presentada como una expresión legítima de protesta. En muchos casos, esta afirmación es correcta. No obstante, también fue instrumentalizada dentro de una lógica política que convirtió el descontento en capital electoral.
El problema no radica en la protesta ni en la reivindicación social. El inconveniente surge cuando dichas causas se utilizan como herramientas en una narrativa que simplifica la realidad en una lucha de «buenos» contra «malos», lo cual fomenta la polarización, el resentimiento y, en algunos casos, el odio. Esta perspectiva, lejos de ofrecer soluciones, agrava las divisiones sociales.
Actualmente, en el año 2026, el libreto parece estar experimentando una reactivación con variaciones. Se observa una tendencia a la estigmatización regional, particularmente hacia Antioquia, que no contribuye al desarrollo de un debate democrático saludable, sino que, por el contrario, lo empobrece. Paralelamente, se observa el resurgimiento de mecanismos de presión como la movilización de la minga indígena, reconocida como un actor legítimo de protesta, pero que en determinados contextos puede ser utilizada como instrumento de intimidación política.
A esto se suma un elemento aún más delicado, que es la reconfiguración del papel de los antiguos actores al margen de la ley. En un país que ha experimentado décadas de conflicto armado, cualquier ambigüedad frente a estos grupos no solo genera incertidumbre, sino que erosiona la confianza institucional. Es preciso comprender que la paz no puede ser sinónimo de impunidad, y que la reconciliación no puede ser utilizada como una excusa para evadir responsabilidades históricas.
En este contexto, resulta inevitable mencionar la tensión latente alrededor de los antiguos grupos guerrilleros y su relación con el poder político. La percepción, fundada o no, de cercanía entre sectores del Gobierno y estructuras derivadas de estos grupos, alimenta la desconfianza ciudadana. En particular, cuando persiste la percepción de una deficiencia en la rendición de cuentas respecto a los crímenes del pasado.
La situación se torna más compleja cuando se incorporan las deliberaciones sobre el modelo del progresismo socialista. El asistencialismo, planteado como política social, enfrenta el riesgo de convertirse en dependencia estructural si no se implementan estrategias concretas y efectivas para no hacer de los auxilios fuente perpetua. La formulación de políticas públicas no puede limitarse a la mera distribución de subsidios, sino que debe ir acompañada de políticas de desarrollo sostenible.
Esta situación da lugar a una compleja situación social y política que podría calificarse de «bomba de tiempo». No se trata de una conspiración única y centralizada, sino de la convergencia de múltiples factores, entre los que se incluyen la polarización creciente, la debilidad institucional, las tensiones territoriales y una ciudadanía cada vez más desconfiada.
Reducir el conflicto electoral a la visión ideológica simplifica en exceso un problema mucho más profundo. En este sentido, Colombia requiere de liderazgos que sean capaces de reconocer la complejidad del país y que generen unidad en lugar de división. La crítica es una parte esencial del proceso, pero también lo es la responsabilidad en el discurso.
Es crucial entender que la verdadera cuestión no radica en identificar a los responsables, sino en evaluar la capacidad colectiva de aprender de los errores del pasado. Es esencial que la memoria sea infalible y no pueda ser alterada. Cuando se olvida con demasiada rapidez, se termina repitiendo los errores con excesiva frecuencia. Día tras día, para muchos ciudadanos colombianos, se hace más patente el deterioro institucional y las prácticas censurables que perciben en el proyecto progresista que hoy busca consolidarse en el poder. Lo que anteriormente se sustentaba como un cambio hoy suscita interrogantes legítimas en relación con sus resultados, sus métodos y sus auténticas intenciones. En la conciencia de cada individuo recaerá la responsabilidad de no delegar su rol en la democracia, ejercer el voto de manera informada, demandar transparencia y repudiar cualquier forma de manipulación. El futuro del país no puede estar condicionado por intereses particulares, dependencias asistencialistas ni por sospechas de irregularidades que se denuncian ampliamente, pero que, en la práctica, muchos terminan tolerando en silencio o justificando según su conveniencia política.
