El reciente nombramiento de un militar al frente del Ministerio de Defensa ha suscitado un debate fundamental en Colombia, especialmente en el contexto de la llamada Paz Total promovida por el gobierno de Gustavo Petro. Aunque esta designación se presenta como una medida para fortalecer la seguridad y el control territorial, es importante reflexionar sobre las implicaciones que podría tener para la consolidación de la paz y la democracia en el país.
La principal preocupación es que, al priorizar las soluciones militares, se pueda desviar el enfoque de las estrategias de diálogo, reconciliación y justicia social que son esenciales para la paz duradera. A lo largo de la historia, se ha demostrado que el uso exclusivo de la fuerza no ha sido suficiente para desmantelar las estructuras criminales ni para proteger a las comunidades más vulnerables. Por el contrario, la violencia y la militarización del Estado han exacerbado las desigualdades sociales, desestabilizado regiones y contribuido a la perpetuación del conflicto.
La violencia sigue marcando la agenda del país: los asesinatos de lideres sociales continúan en aumento, los grupos armados ilegales mantienen su presencia y el narcotráfico sigue alimentando la inseguridad. Sin embargo, en lugar de centrarse solo en la seguridad a través de la fuerza, es necesario abordar las causas estructurales del conflicto, como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a recursos básicos como la tierra. Estos factores son fundamentales para una paz sostenible y no deben ser relegados.
Además, la militarización del Ministerio de Defensa podría dificultar el avance hacia una paz real y participativa. Si la sociedad percibe que el gobierno está́ priorizando la represión en lugar del diálogo, se corre el riesgo de generar desconfianza en las comunidades que más necesitan sentirse parte activa del proceso de paz. Para lograr un cambio genuino, la participación de la sociedad civil, las organizaciones sociales y las víctimas del conflicto debe ser central.
Es fundamental recordar que la seguridad no puede ser entendida únicamente como una cuestión militar. Para lograr una paz estable, la seguridad debe ir de la mano de una política de desarrollo social, justicia y reparación. Las instituciones del Estado deben ser reforzadas para que garanticen un control efectivo y civil sobre las fuerzas armadas, promoviendo la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.
La experiencia de otros países de América Latina demuestra los riesgos de una militarización excesiva. Colombia, para avanzar hacia una paz plena, debe evitar que el poder militar socave las instituciones democráticas y debe proteger el Estado de derecho. La democracia y la paz requieren un equilibrio donde la fuerza, aunque necesaria en ciertos contextos, no sea el único recurso para lograr la seguridad.
En última instancia, el verdadero éxito de la Paz Total dependerá́ de la capacidad del gobierno para ofrecer a la población no solo seguridad, sino también oportunidades de desarrollo, justicia social y reconciliación. La construcción de una paz duradera exige abordar las raíces de la violencia y crear un entorno donde los ciudadanos puedan confiar en que sus derechos son respetados y sus necesidades atendidas.
Colombia no necesita una nueva etapa de militarización, sino un enfoque integral que priorice el bienestar de su pueblo y el fortalecimiento de la democracia. La seguridad, como un medio para la paz, debe garantizar la inclusión, la justicia y el respeto por los derechos humanos, no ser utilizada como una excusa para retroceder en los avances hacia una verdadera reconciliación nacional
