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Alejandro Ocampo

Los bandidos del gobierno Duque

Una columna del Portal de Opinión

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Colombia es un país sin memoria. Y es que hoy parece que muchos olvidan que el gobierno de Iván Duque, lejos de ser una administración comprometida con la transparencia y la eficiencia, se caracterizó por un alarmante nivel de corrupción y clientelismo. Durante sus cuatro años de mandato, varios funcionarios de su Gobierno se vieron envueltos en escándalos que desviaron al menos $5 billones de 8 instituciones estatales, una cifra preliminar dada a conocer por el senador Iván Cepeda, que podría ser aún mayor. La falta de transparencia en el manejo de los recursos y la impunidad ante la corrupción fueron las constantes.

El manejo de los recursos destinados a la emergencia del COVID-19 es un ejemplo claro de esta opacidad. Según el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, la información reportada sobre los gastos de la pandemia fue excesivamente general y careció de detalles específicos sobre los sectores beneficiados. Esta falta de claridad no sólo impidió un control efectivo por parte de la ciudadanía, sino que fomentó una percepción de corrupción generalizada.

Las instituciones encargadas de velar por la transparencia también fallaron en su labor. La Contraloría General detectó giros indebidos por más de $402 mil millones a fallecidos y personas no elegibles a través de programas sociales como Colombia Mayor y Familias en Acción. Este tipo de irregularidades revela una gestión negligente y, en muchos casos, cómplice de la corrupción.

El caso de la exministra Karen Abudinen es emblemático. Pese a la pérdida de $70 mil millones destinados al acceso a internet en escuelas vulnerables, el presidente Duque la defendió hasta el final. La Fiscalía, en su imputación por peculado, solo pidió devolver una fracción de los fondos mal utilizados, ignorando el contrato que obligaba a la restitución total del dinero.

Otro escándalo notable involucró al senador Mario Castaño, acusado de liderar una red de corrupción que manipulaba la asignación de contratos públicos a cambio de sobornos. Los actos delictivos de esta red superaron los $60 mil millones, demostrando cómo el clientelismo se había institucionalizado bajo el gobierno de Duque. Similarmente, Andrés Mayorquín, asesor de la Presidencia, facilitó que su esposa se convirtiera en contratista de múltiples entidades estatales, sumando contratos por más de $1.245 millones.

Estos casos son solo la punta del iceberg. La campaña de Duque también se vio manchada por el escándalo de compra de votos del Ñeñe Hernández, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se convirtió en un bastión de clientelismo y despilfarro. Las promesas de lucha contra la corrupción de Duque se quedaron en meras palabras, mientras los responsables de estos actos fueron protegidos y mantenidos en sus puestos.

La reconstrucción de San Andrés, prometida en 100 días y con menos del 9% completado un año después, y la carretera entre Villavicencio y Yopal, entregada con menos del 80% de avance, son ejemplos de ineficiencia que bordean la corrupción. A esto se suma la tentativa de Duque de reformar la Ley de Garantías para facilitar contratos en pleno periodo electoral, medida declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, pero que permitió la firma de contratos por más de $3.4 billones.

La gestión de Duque no solo falló en combatir la corrupción, sino que la incrementó. Según Transparency International, la percepción de corrupción en Colombia aumentó desde 2018, situando al país con un puntaje alarmantemente bajo en comparación con sus vecinos. La falta de transparencia en el manejo del presupuesto y el uso del clientelismo fueron constantes que dañaron profundamente la confianza pública.

Tristemente, hay que reconocer que ningún gobierno está exento de escándalos de corrupción. El problema es que no se rechace de manera categórica y se tomen las medidas necesarias para frenar a los bandidos. Bien lo ha dicho el presidente Gustavo Petro: «la lucha contra la corrupción es una de las banderas del actual Gobierno. Acá no se va a encubrir a nadie. El que roba debe ser investigado y se tiene que ir”. Buscar y exigir transparencia en el uso de los recursos públicos debería ser una prioridad de todos los gobernantes en Colombia.

En conclusión, el gobierno de Iván Duque no solo no cumplió sus promesas de transparencia y eficiencia, sino que se sumergió en un pantano de corrupción y clientelismo. Es imperativo que, como sociedad, exijamos rendición de cuentas y trabajemos juntos para erradicar estos males que tanto daño hacen a nuestro país. Los funcionarios corruptos deben ser llevados ante la justicia, y debemos asegurarnos de que estos episodios no se repitan en el futuro. Lamentablemente, Colombia es un país sin memoria.

Bogotá, mayo 29 de 2024

Alejandro Ocampo

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