Colombia es el territorio con el conflicto armado interno más antiguo de toda Latinoamérica, ya que el ELN lleva 60 años de existencia, siendo ésta la guerrilla más antigua del continente. Han sido varios procesos de paz los que se intentaron avanzar: en 1982, durante el gobierno de Belisario Betancur, se negoció con todas las guerrillas, pero las conversaciones fracasaron por el inicio del genocidio de la UP; con la llegada de Virgilio Barco a la presidencia en 1986 se consolidan las negociaciones con el M-19 en marzo de 1990; con el gobierno de César Gaviria en 1990, se logró pactar acuerdos de paz con algunos grupos guerrilleros como el PRT, el EPL y el Quintín Lame, se convocó una Asamblea Nacional Constituyente y así nace una nueva Constitución en 1991; posteriormente, el fallido proceso de paz del Caguán durante la presidencia de Andrés Pastrana en 1998-2002; y finalmente, el proceso de La Habana durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual logró la firma de la tan anhelada paz entre las FARC y el Estado en el 2016.
En la actualidad nos enfrentamos a grupos al margen de la ley conformados por “disidencias” de las extintas FARC (divididas en dos: el EMC y la Segunda Marquetalia) y grupos narcotraficantes. A pesar de que se decretó un cese al fuego multilateral desde el pasado 16 de octubre, para el caso del EMC ya fue levantado, debido a que este grupo venía azotando a campesinos, líderes sociales y sociedad civil en general. Una de las claves del éxito del proceso de paz que lideró el expresidente Santos, fue que solamente se hizo un cese al fuego bilateral en el momento en que las antiguas FARC se comprometieron a no atropellar a la sociedad civil. Eso dio confianza no solamente entre las partes en conflicto, sino también a toda la sociedad. El gobierno Petro cometió el error de creer a priori en la buena fe de estos grupos; es positivo el anhelo de paz, y todos los colombianos queremos que cesen las hostilidades. Sin embargo, la ingenuidad no nos va a traer paz, sino caos; si el gobierno quiere que la política de paz funcione, debe empezar a condicionar los armisticios a que los grupos ilegales (sean “disidencias” o grupos narcotraficantes) cesen la extorsión, el secuestro y el asesinato de colombianos. La buena fe se debe demostrar con hechos y no puede presuponerse, porque quienes pagan los platos rotos son los más vulnerables (especialmente campesinos).
Lamentablemente hablamos de una implementación del Acuerdo de Paz que tanto el Estado como los excombatientes han incumplido. El Estado debe ser más garantista con la incorporación de los excombatientes a la sociedad civil, sobre todo desde el punto de vista del empleo y de la seguridad. Aprender de los errores del pasado y no maximizarlos; repetir los aciertos y no ignorarlos: esa debe ser la hoja de ruta de un gobierno responsable con la paz de Colombia.
Luz Pastrana.