En Colombia las instituciones juegan un papel fundamental en la garantía del orden, la transparencia y la legitimidad de las decisiones y actuaciones públicas. Sin embargo, parece que el mandatario de los colombianos desestima el principio que él mismo debería amparar.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un fallo relacionado con la campaña presidencial de Gustavo Petro, señalando que se sobrepasaron los topes de financiación, es decir, que hubo una vulneración del régimen de financioanción de las campañas electorales. En lugar de acatar con responsabilidad esta decisión, el presidente ha optado por deslegitimarla, llegando incluso a sugerir que este acto constituye un “golpe de estado blando” contra su Gobierno. Este tipo de discurso no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también, alimenta un clima de polarización y confrontación en la opinión pública.
Es inaceptable que, en lugar de respetar el fallo del CNE y someterse al debido proceso, el presidente utilice su tribuna para desvirtuar a una entidad que tiene como misión garantizar la equidad en los procesos electorales. No se puede permitir que las decisiones de órganos independientes, cuyo objetivo es preservar la democracia, sean vistas como un ataque personal o un intento de desestabilizar al gobierno.
Lo que el país necesita es un llamado firme al respeto de las instituciones, las cuales están diseñadas para actuar como contrapeso y proteger el interés general. Si las figuras públicas, especialmente quienes ocupan la más alta investidura, socavan el trabajo de estas entidades, se corre el riesgo de debilitar los pilares fundamentales de nuestra democracia.
El respeto a las decisiones de las instituciones no es opcional ni negociable; es una obligación que todos debemos cumplir, más aún quienes ostentan el poder. Minimizar la importancia de estas decisiones o sugerir teorías conspirativas para eludir responsabilidades es una estrategia peligrosa que puede tener graves consecuencias para el país.
Es momento para que el presidente Petro abandone la retórica que busca descalificar el papel de las instituciones y acepte las reglas del juego democrático. Solo así, podremos fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema y garantizar un país más justo y equitativo para todos.
