La reciente decisión del gobierno de suspender la regla fiscal representa un golpe contundente a la estabilidad económica de Colombia y nos proyecta hacia un futuro incierto. La regla fiscal, diseñada para limitar el endeudamiento y el gasto excesivo, era un mecanismo esencial para proteger nuestra política económica. Sin embargo, su suspensión no solo encarece nuestra deuda, sino que también amenaza las calificaciones internacionales del país, aumentando los costos de financiamiento.
En términos fiscales, el panorama es desalentador. No es la primera vez que el gobierno actual evita adherirse a este principio de responsabilidad. En 2024, eliminó 27 billones de pesos del déficit fiscal utilizando transacciones únicas. Ahora, con un déficit proyectado de 127 billones de pesos, equivalente al 7,5% del PIB, y una deuda cercana al 63% del PIB, las finanzas públicas enfrentan una crisis. Esto, sumado a la caída de la inversión desde 2022 en un 15%, que pone en peligro los recursos que sostienen el gasto y la deuda del Estado.
La lógica nos dictaría que, ante una disminución en los ingresos, se reduzca el gasto. Sin embargo, el gobierno ha decidido aumentarlo en un impresionante 25,4%, equivalentes a 80,2 billones de pesos. Como si fuera poco, plantea una nueva reforma tributaria para recaudar 19 billones adicionales, agravando la incertidumbre económica tras medidas como el reciente decreto de retención en la fuente. Este aumento en el gasto, que no parece reflejarse en ejecuciones ni resultados sociales tangibles, genera preocupaciones legítimas sobre la dirección del gobierno.
Más allá de lo económico, las señales políticas también son alarmantes. La decisión de convocar una consulta popular mediante decreto parece una violación del orden constitucional. Y las palabras del presidente sobre una constituyente y la reelección generan inquietudes sobre posibles intentos de consolidar un poder ilimitado al estilo de países vecinos.
Finalmente, el atentado sufrido por Miguel Uribe, quien además dejó preparada la demanda contra el mencionado decreto, es un triste recordatorio de los momentos difíciles que atraviesa el país. Desde aquí, enviamos nuestras oraciones y fuerzas para que pronto pueda retomar su lucha por la democracia y la estabilidad de Colombia. ¡¡¡Fuerza Miguel… hermano lo necesitamos!!!
La pregunta sigue siendo: ¿hacia dónde nos lleva este gobierno? La economía y la política parecen entrelazarse en una peligrosa senda que exige vigilancia y acción ciudadana.
