El gobierno se quedó en símbolos y está meramente en símbolos. Pero, como en muchos frentes del gobierno, la ejecución es casi nula. Si uno empieza a mirar lo que faltan estos dos años de gobierno, es importante empezar a determinar si lo que están diciendo se puede o no se puede cumplir.
Esta columna lo que busca es hacer un análisis para determinar si el norte está bien definido, si los presupuestos sí se van a dar para llegar a un proceso de paz. Lastimosamente, estamos llegando a la conclusión de que el gobierno, que fue elegido para seguir con el proceso de paz, para llegar a una paz total no solamente con las FARC, sino llegar a tener esa paz con el ELN y otros grupos al margen de la ley, en vez de fortalecer estos procedimientos, está haciendo trizas del proceso de paz.
Hasta el momento, la paz total se está quedando, como se lo señalaba, en símbolos. Analicemos los cuales: el primero fue el traslado de la espada de Bolívar a la posición presidencial; el segundo, el homenaje al sombrero de Pizarro; el tercero, los permanentes anuncios de negociaciones con el ELN y la Segunda Marquetalia, que lastimosamente no avanzan; y por último, el anuncio del hallazgo de la sotana de Camilo Torres. O sea, esto parece más un tema casi religioso, como cuando uno empezaba a mirar prendas de Jesús. Hoy ya estamos generando que todos aquellos terroristas o guerrilleros sean tenidos como héroes de la nación, lo cual genera también indignación en muchos sectores y, en vez de unir, divide.
Mientras tanto, el proceso de paz no avanza de esa retórica y esa retórica sustituyó totalmente la ejecución. Y acá es la parte más importante del análisis y lo que más me preocupa como ciudadano. Desde el punto de vista jurídico, la improvisación es total y demuestra que, en dos años que restan del gobierno, es casi imposible consolidar un marco jurídico para las negociaciones. Por ejemplo, para concretar el proceso de paz con las disidencias de las FARC, es imprescindible modificar el título transitorio para la terminación del conflicto armado, cuyo artículo 5º establece expresamente los mecanismos transicionales, y eso señala que no podrá aplicarse a aquellos combatientes que hayan retornado a las armas.
Este proceso de modificación requiere 8 debates, o sea, dos legislaturas. Y ustedes saben que el manejo del gobierno con el Congreso ha sido un manejo tortuoso, ha sido unas legislaturas que no han sido fáciles. Pero supongamos que sale bien; quisiera decir que estaría a principios del 2026, cuando ya terminó el gobierno. O sea, el marco jurídico va, si sale bien, a terminar cuando va a estar listo cuando termine el gobierno, lo cual significa que no vamos a tener un proceso listo para poderse ejecutar. Y lo digo desde el punto de vista respetuoso para hacer una autocrítica.
Y acá volvemos al tema de la ejecución. La ejecución del gobierno en ciertos sectores ha sido muy baja, pero además, desde el punto de vista jurídico, supongamos que vamos a hacer lo que señalan: la paz total. Esa paz total todavía le falta algo fundamental, por ejemplo, con grupos como lo son el Clan del Golfo, y es la aprobación de una ley de sometimiento que permita la desmovilización de miembros de esas organizaciones. Hoy es imposible dicho sometimiento en bloque de grupos al margen de la ley, pues los crímenes por los cuales se juzgarían, comenzando por ejemplo por el concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, están excluidos de cualquier tipo de beneficio. Entonces no pueden estar dentro de un proceso de paz; necesitan una ley.
Los errores del gobierno frente al acuerdo de paz son muy complicados. Por ejemplo, el ofrecimiento del excanciller Leyva de generar un tribunal diferente a la JEP ha venido deligitimando esta jurisdicción. Por eso vimos un choque de trenes entre el gobierno y la JEP, y los combatientes ya no creen en ese proceso, han empezado a generar nulidades y a meterle palos en la rueda. Si esto no fuera así, por ejemplo, la decisión de reconocimiento ya tendría el primer caso para salir adelante en el tema de secuestro. Pero tantos problemas han generado que este año no se haya podido tomar una decisión.
Y vamos ahora a mirar también todo lo que se dice frente al tema ejecución. Duele, y duele en el alma, que el propio gobierno no haya cumplido y no le haya cumplido a los excombatientes. Por ahí era lo primero que tenían que empezar, y han cuestionado esos mismos excombatientes, con razón, a la Unidad Nacional de Protección. Y cuando uno mira, solamente en 2023 fueron asesinados 43 excombatientes, y del total de 410 casos que se han presentado en los últimos años, 81 murieron esperando medidas de protección. Por eso, la semana pasada, los excombatientes de Miravalle, en Caquetá, se retiraron del ETCR, lo cual ya había pasado el año pasado en Buenos Aires, Cauca. Lo cual significa que los excombatientes ahora son desplazados.
Y si uno mira a las víctimas, las víctimas están peor. Las indemnizaciones no llegan al 15%. El Departamento de Prosperidad Social, que tenía que ejecutar 15 billones de pesos, no ha llegado a un punto; nada más ha llegado a 1.3 de indemnizaciones. O sea, ni los combatientes ni las víctimas en este gobierno han tenido eco en el gobierno del cambio, el gobierno que les iba a brindar una mano para salir adelante. Y como lo denunció hace poco El Tiempo, la ejecución de recursos para la incorporación de los combatientes solamente va en el 0.3% durante este 2024, lo cual demuestra que el mayor enemigo de la paz sí es el Estado, como lo está diciendo el Presidente Petro, pero en cabeza del gobierno del ejecutivo, quien voluntariamente legitimó el narcotráfico con grupos políticos y los empoderó para ser verdaderos verdugos de los firmantes.
Es el momento para que el gobierno abandone la política de símbolos, es el momento para que el gobierno empiece a unir, para recordar que la guerra ha traído mucho dolor y mucha división en el país, y los símbolos que está exhibiendo solamente están reivindicando una parte de esa historia. Ojalá el Presidente vea esto y empecemos a trabajar por un nuevo país.
