¿Qué pasaría si mañana, tal como ocurrió en España, Colombia se apagará por completo? No es una pregunta retórica ni una provocación dramática. Es una posibilidad cada vez más real, y lo más inquietante es que parece no estar en la agenda urgente del gobierno nacional. Nos acercamos a un límite técnico que, de no ser atendido, podría desencadenar un punto de quiebre energético, mientras desde la Presidencia se insiste en discursos ideológicos que poco o nada tienen que ver con la realidad de millones de colombianos.
El sistema eléctrico nacional atraviesa una situación crítica por múltiples factores, el fenómeno de El Niño, la falta de inversión en infraestructura, el envejecimiento de las redes, la dependencia de fuentes hídricas cada vez más comprometidas, y, sobre todo, la improvisación estatal. El país se encuentra en una carrera contra el tiempo y no parece estar corriendo. Si se apagara todo mañana, el impacto sería devastador, inmediato y profundamente desigual.
En primer lugar, los hospitales. Más del 85% de las unidades de cuidados intensivos dependen de un flujo eléctrico constante. Sin energía, los ventiladores se apagan, los monitores dejan de funcionar, las cirugías se interrumpen y las plantas eléctricas de respaldo, cuando existen, apenas alcanzan a mantener la operación durante algunas horas. Vacunas, bancos de sangre y medicamentos refrigerados se perderían en cadena. Es decir, un apagón podría convertirse en una crisis humanitaria en cuestión de horas.
El transporte público también se vería gravemente afectado. Aunque la mayoría de los buses funcionan con diésel y podrían seguir rodando, el sistema que los coordina no. Sin electricidad, no operan los semáforos, ni las estaciones de recaudo, ni los centros de control de flota. En ciudades como Bogotá, donde TransMilenio moviliza a más de 2,5 millones de personas al día, el caos sería inmediato. El Metro de Medellín, que sí depende completamente de energía eléctrica, se detendría por completo, al igual que los sistemas integrados como el MIO en Cali o el Transmetro en Barranquilla. Las ciudades quedarían atrapadas en su propia infraestructura, con un transporte desarticulado y sin capacidad de respuesta.
Las telecomunicaciones caerían una tras otra. Las estaciones base de las redes móviles tienen autonomía limitada y no están diseñadas para sostenerse durante apagones largos. En pocas horas, millones de colombianos estarían incomunicados. Nada de llamadas, mensajes, redes sociales ni acceso a plataformas digitales. Sin información ni coordinación, la confusión se apoderaría de las calles, alimentando el desorden.
Y luego está el hambre. La cadena alimentaria moderna depende casi por completo de la electricidad. Desde las centrales de abasto hasta los supermercados, el transporte refrigerado y el almacenamiento en frío son vitales. Un apagón prolongado dañaría toneladas de alimentos perecederos. En tres días, las góndolas estarían vacías. En el campo, sin energía para los sistemas de riego y conservación, la producción agrícola también se vería comprometida. El desabastecimiento podría traducirse rápidamente en disturbios, bloqueos y conflictos sociales.
La inseguridad sería el golpe final. Un país a oscuras es el escenario perfecto para la delincuencia. Sin cámaras, sin alumbrado público, sin coordinación policial efectiva, los delitos se multiplicarían: robos, saqueos, agresiones. La oscuridad como aliada del crimen. Y lo peor, una ciudadanía indefensa y sin cómo pedir ayuda.
Lo más indignante es que este escenario no es una sorpresa para nadie. Se conocen los puntos débiles del sistema energético. Se ha advertido sobre la necesidad de diversificar la matriz y fortalecer la infraestructura. Pero en lugar de actuar, el gobierno ha optado por la retórica. Petro habla de transición energética como si se tratara de un mantra, pero no hay respaldo técnico, ni inversión suficiente, ni un plan de contingencia real para una crisis que ya toca la puerta.
No se trata solo de señalar lo que está mal, sino de actuar con sentido estratégico. Colombia necesita, con urgencia, diversificar su matriz energética. No podemos seguir dependiendo casi exclusivamente del agua en un país cada vez más golpeado por el cambio climático. Es hora de apostar con decisión por fuentes como la energía solar, eólica, geotérmica y biomasa, que ya han demostrado ser viables y sostenibles. Además, el gobierno debe destrabar de inmediato los proyectos renovables que ya fueron aprobados y que hoy están paralizados por trámites interminables o conflictos mal gestionados, especialmente en regiones como La Guajira. La transición energética no se logra con discursos, sino con obras, inversión y una institucionalidad ágil que entienda la urgencia del momento.
La oscuridad a la que nos enfrentamos no es solo la del posible apagón. Es también la oscuridad de la irresponsabilidad, de la negligencia, del desgobierno. Si mañana se apaga Colombia, no será por culpa del clima, sino por culpa de un Estado que prefirió la propaganda a la prevención.
