La advertencia de Donald Trump sobre intervenir en Colombia no debe ser considerada como una simple amenaza, sino como el síntoma más crudo de la transformación del país bajo el gobierno Petro Urrego. Colombia ha experimentado una pérdida de control efectivo sobre amplias regiones donde el narcotráfico, la minería ilegal y las economías criminales han proliferado con facilidad, aprovechando el contexto de la política de “paz total”. Esta estrategia, en lugar de promover la paz, ha implicado una cesión de soberanía y un debilitamiento de la autoridad del Estado. Mientras Washington observa el crecimiento acelerado de los cultivos ilícitos y la consolidación de actores armados, el país deja de ser un aliado estratégico para convertirse en un foco de inestabilidad hemisférica. Por lo tanto, cuando el presidente de los Estados Unidos emite una sentencia directa, el mensaje refleja el vacío de poder que ha propiciado el progresismo socialista colombiano.
Durante décadas, la relación entre Colombia y Estados Unidos se ha fundamentado en un pilar de naturaleza estratégica, aunque imperfecta: la lucha conjunta contra el narcotráfico. En la actualidad, dicho pilar se encuentra irremediablemente fracturado. El incremento de las hectáreas dedicadas a labranza, la ampliación de rutas, la consolidación de enclaves criminales y la reducción deliberada de capacidades operativas ponen de manifiesto un país que cedió terreno mientras el Gobierno apostaba por treguas que terminaron entregando gobernanza de facto a disidencias de las FARC, al ELN, a redes de microtráfico y a carteles que jamás fueron desmantelados. En este contexto, Trump, quien se desempeña más como un político intuitivo que como un analista técnico, percibe la situación colombiana como una amenaza directa y la utiliza como un tema central en su gobierno: si Colombia no controla el narcotráfico, Estados Unidos intervendrá. En un contexto diplomático, el mensaje es claro: Colombia ha dejado de ser considerada un aliado confiable y comienza a ser percibida como un posible foco de inestabilidad en el continente americano. Más allá de la retórica, la realidad es irrefutable: el país muestra indicios de un Estado erosionado en su periferia.
Es pertinente mencionar que las advertencias de carácter internacional no son un fenómeno reciente. Diversos organismos multilaterales, centros de investigación y gobiernos socios han expresado su preocupación por la desinstitucionalización, el desorden normativo y la cooptación territorial por parte de grupos armados. El Gobierno de la República de Colombia ha optado por responder a las acusaciones con una actitud de negacionismo, formulando denuncias de “estigmatización” y emitiendo un discurso autocrítico que distorsiona los datos. Gustavo Francisco Petro Urrego reitera que la extensión de las hectáreas no es el aspecto más relevante; que lo importante es una “transición productiva” a cargo de los campesinos, quienes, ante la ausencia de incentivos reales, seguridad y una infraestructura legal adecuada, no tienen otra opción económica que continuar con los cultivos de coca. El resultado es un escenario sumamente desfavorable, caracterizado por el incremento en la producción agrícola, el aumento de la violencia, la dependencia de la economía ilegal y la reducción de la capacidad del Estado para intervenir.
En este contexto, la amenaza planteada por Trump no es aislada ni gratuita. Este fenómeno se interpreta como una señal de alerta respecto a la percepción internacional sobre el estado de las instituciones en Colombia. Ciertamente, aunque la intervención estadounidense resultaría políticamente disruptiva y diplomáticamente perjudicial, su mera mención evidencia que el país está experimentando una pérdida de autonomía, la cual se ha logrado tras un arduo esfuerzo a lo largo del tiempo. No se trata de una usurpación por parte de otro país, sino de una pérdida gradual de control por parte del Gobierno, que ha demostrado una preocupante falta de visión ideológica, ha establecido acuerdos superficiales y ha mostrado una alarmante tolerancia con organizaciones criminales.
Es fundamental que Colombia recupere una política antidrogas seria, integral y basada en la seguridad democrática territorial. No se trata de regresar a los excesos del pasado, sino de reconocer que, sin autoridad, sin un Estado sólido y sin un control efectivo del territorio, cualquier modelo de transición social se convierte en una quimera. La búsqueda de la paz total no puede limitarse a un eslogan mientras la soberanía se desvanece y el crimen se arraiga como una fuerza paralela. La reciente declaración del Donald Trump debería ser considerada como un elemento de reflexión, ya que evidencia que la comunidad internacional está al tanto de lo que el gobierno ha intentado mantener en secreto. En lugar de discursos, se requieren medidas concretas y efectivas. Es imperativo actuar con celeridad. Cuando otros comienzan a discutir la posibilidad de intervenir, esto indica que se ha dejado de ejercer un control mínimo sobre el destino propio.
Andres Barrios Rubios
