Solo pasaron unos días desde la radicación de la propuesta del Acuerdo Nacional por parte del Ministro del Interior. Este acuerdo tenía como objetivo, a través del respeto a la convivencia pacífica, mejorar la calidad del debate político e impulsar consensos sobre los temas que más afectan la vida de los colombianos. Todo dentro del marco de la Constitución Política y con respeto por la deliberación, incluyendo a diferentes sectores, como políticos, gremiales, empresariales, religiosos y sociedad civil.
En principio, este acuerdo era una buena iniciativa. Lastimosamente, no tuvo ni una semana para avanzar, debido a la respuesta rabiosa y apresurada del Presidente de la República, tras conocerse el comunicado del Consejo Nacional Electoral (CNE), que indicaba el inicio de una investigación por una posible violación de topes electorales en su campaña presidencial. Se presume que esta violación podría superar los 5 mil millones de pesos.
Para el presidente, esta iniciativa del CNE fue vista como un ataque personal, y continuó con su discurso bajo la imaginaria teoría de un supuesto golpe de Estado. Además, desinformó a los ciudadanos, haciéndoles creer que el CNE tenía la capacidad de eliminar su fuero presidencial. No conforme con esto, instó a sus simpatizantes y allegados a manifestarse enérgicamente en las calles, hasta el punto de que estos grupos ya están amenazando con un “Bogotazo”. Todo esto basado en la falsa narrativa de un supuesto golpe por parte del CNE, cuando en realidad, en cualquier caso, quien deberá comparecer es el gerente de la campaña, no el presidente. Para estos casos, está la Comisión de Acusaciones en el Congreso de la República, que es la encargada constitucionalmente de investigar posibles ilegalidades relacionadas con el presidente.
Este hecho por sí solo pondría en jaque al Acuerdo Nacional, pero hay más. El presidente insinuó que los magistrados de las cortes y jueces deberían ser elegidos por voto popular, lo que causó malestar en el poder judicial. Además, se están aprobando reformas apresuradamente, sin tener en cuenta al sector empresarial y gremial, ni dar voz a las bancadas de oposición en los debates. Tampoco se está atendiendo a los sindicatos de las carteras. El llamado del presidente a desconocer la institucionalidad, debido a la investigación del CNE sobre su campaña, hace imposible la constitución de un Acuerdo Nacional. Buenas intenciones que no pasan de ser eso, debido a que Petro se comporta como un auténtico caudillo.
Un gran error y un grave daño a la democracia.
