El Reclutamiento forzado de jóvenes y menores en las ciudades capitales es una cruda realidad que se ha negado durante años. Con una investigación social, y fuentes de primera mano, logramos ver la operación sistemática de los Grupos Armados Organizados al margen de la ley para llevar jóvenes y menores de las ciudades capitales a un frente de guerra como carne de cañón. ¿Haremos algo, o se seguirá guardando silencio cómplice? Las juventudes esperan acciones, no discursos simbólicos.
Es ingenuo decir que no hubo injerencia de Grupos Armados Organizados en el marco de las manifestaciones sociales de 2021-2022 en las diferentes ciudades capitales del país, y aunque las juventudes con digna rabia se organizaron para manifestarse en contra de las pésimas decisiones del Gobierno Nacional de entonces, no estuvieron exentas de la instrumentalización de estos grupos armados.
Es un secreto a voces dicha injerencia, que ha contado con el silencio cómplice de la institucionalidad, silencio que ha costado vidas de jóvenes y tranquilidad de familias enteras. Acá les daré a conocer la denuncia entregada al Gobierno Nacional, donde se le da claridad de la matriz de reclutamiento de los grupos armados sobre los jóvenes que se organizaron para protestar.
Durante lo que se conoció como el “Estallido Social” en 2021, se comenzaron a registrar la llegada a las ciudades capitales de personas provenientes de región, que dentro de poco tiempo lograron ganarse la confianza de las juventudes que se organizaron alrededor de lo conocido como “Primeras Líneas”. Estas personas no solo ganaron confianza, sino legitimidad y liderazgo sobre estas juventudes que tenían muchas razones para protestar, pero también muchos factores que los volvía vulnerables.
Una de estas personas, y lo decimos con nombre propio, es Andrés Cañizares alias “Yarumo”, una persona de 43 años, estatura media, con claro conocimiento en acciones militares, llegó a Bogotá para el año 2021. Cañizares, logra tener injerencia gracias a que, según testigos, es recomendado por Alias la Mayora, en el sur de la ciudad.
Las “Primeras Líneas” estaban conformadas por jóvenes en situación de vulnerabilidad, que ni estudian ni trabajan, que viven situaciones de violencia intrafamiliar, que veían como la pobreza, incrementada por la pandemia, acababa con lo poco que habían logrado; jóvenes barriales, de las zonas periféricas de la ciudad, llenos de rabia por muchos factores, pero presas fáciles para Cañizares.
Y no pretendo justificar la violencia, nunca será camino de solución. Sin embargo, es necesario mencionar esos factores para comprender el modus operandi de Cañizares alrededor de ellos.
Con el paso del tiempo, las confrontaciones entre fuerza pública e integrantes de la “Primera Línea”, se comenzaron a ver organizaciones puntuales, además de incremento en los materiales de confrontación. Una línea que nos permitía abrir la posibilidad de la injerencia de financiación externa, algo que confirmaríamos meses después.
Conforme pasaba el tiempo, Cañizares logró no solo liderazgo, sino crear una fachada bajo una organización social, un medio de comunicación alternativo y un colectivo de DDHH – nos reservamos el nombre con el fin de evitar poner en riesgo a quienes pertenecen y fueron engañados – Con esto, Cañizares logró coaptar espacios e incluso escenarios de diálogo con la institucionalidad.
Con liderazgo, fachadas y legitimidad, procedía con el accionar psicológico para dar paso a lo que sería el reclutamiento. Los jóvenes se encontraban en situación de vulnerabilidad, con miedo ante las amenazas que recibían de grupos de delincuencia común y grupos paramilitares –de los cuales hablaremos en la siguiente columna, porque también es una realidad existente en las capitales–. Ante esto, Cañizares les mencionaba que, si continuaban en la ciudad serían asesinados, por ende, él les ofrecería protección a ellos y sus familias, algo que veían razonable, sin embargo, se volvió más razonable cuando les hacia el ofrecimiento económico que rondaba entre 1,5 millones a 2 millones de pesos mensuales.
Las juventudes aceptaban la oferta, más el entramiento militar que comprendía entre 2 a 6 meses, con el tiempo y gracias a la investigación y testigos, logramos confirmar que Cañizares pertenecía a las disidencias de las FARC comandadas por Mordisco, y los jóvenes reclutados eran llevados al caserío de las Damas, en San Vicente del Caguán.
Esto que se plasma de manera rápida en esta columna es de pleno conocimiento de la Presidencia de la República, de la Fiscalía General de la Nación, con sustento sólido y testigos que durante meses han solicitado que sus vidas sean protegidas.
Conforme pasa el tiempo, perdemos vidas. Según la Defensoría del Pueblo, desde 2018 hasta 2024, han ocurrido más de 5000 reclutamientos forzados a jóvenes. Esos jóvenes esperan acciones concretas para salvar sus vidas y cumplir sus sueños, no videos y discursos simbólicos que los dejan como una cifra más.
Las juventudes esperan oportunidades y compañía para luchar contra el reclutamiento forzado, el Gobierno Nacional lo ha ignorado, ¿los alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales se articularán en defensa de las nuevas generaciones?
Esperamos acciones, alcaldes y alcaldesas, acá estamos para dar la lucha frontal, porque tengan plena claridad que SOMOS GENERACIÓN DE PAZ.
En memoria de David Fernández, Camila Espitia, Camilo Sánchez y Brayan Mendez, lograremos avanzar en la paz.
¡NUNCA MÁS JÓVENES PARA LA GUERRA!, QUE NO SEA UNA SIMPLE CONSIGNA DE CAMPAÑA.
Por: Sebastián Zamudio
