No existe forma más clara de aceptar un fracaso institucional que administrar con impuestos de emergencia. Hablamos de una emergencia económica que claramente ha sido inventada, fabricada y diseñada por el gobierno desde hace dos años. Esta crisis ficticia tiene su origen en cifras infladas, mediante las cuales el gobierno proyectó gastos exorbitantes, muchos de ellos incluso sin ser ejecutados.
La proyección de gastos ha llevado a la administración a fijarse unas metas de ingresos imposibles de cumplir a nivel tributario, y al no tener ingresos para cubrir sus gastos, nos encontramos inmersos en una situación de déficit fiscal. Por lo tanto, esta «emergencia económica» no existe; fue fabricada y diseñada a partir de un presupuesto desfinanciado.
Lo advertimos desde hace meses, cuando terminó la conmoción interior: el gobierno estaba buscando la forma de meternos en una emergencia económica para justificar facultades extraordinarias. Sabían que la reforma tributaria no pasaría en un año electoral, y con un presupuesto inflado y desfinanciado, encontraron el camino perfecto para acudir a esas facultades. Esta emergencia siempre estuvo lista, oculta bajo la mesa, y se presentan en plena vacancia judicial porque saben que es inconstitucional. Aunque la Corte declare su inconstitucionalidad posteriormente, el daño ya estará hecho.
El gobierno y sus lacayos, que se ufanan de cifras que dicen que estamos creciendo más que otros países, son los mismos que hoy nos hablan de emergencia económica. Vimos también ese proyecto de decreto de medidas tributarias que se filtró, en el que Petro, el Minhacienda y el Director de la DIAN mencionaron que gran parte de esta emergencia se justifica por los altos índices de contrabando que han llevado a perder casi 8 billones de pesos. Pero al mirar ese proyecto, realmente no encontramos de qué forma el gobierno planea combatir el contrabando.
Lo que vemos es que nuevamente el gobierno pretende confiscar los ingresos de los colombianos, aumentando el gravamen al movimiento financiero, el 5 × 1000, que es un verdadero exabrupto. Además, introducen un impuesto al patrimonio que, lejos de representar a los verdaderamente ricos, incluye a quienes poseen un patrimonio de 2000 millones de pesos, tratando a estos como si fueran magnates. Y no solo eso: también incluye a las empresas como sujetos de este impuesto, lo que conducirá a una reducción considerable en su capital de trabajo y flujo de caja. El gobierno va de error tras error sin darse cuenta de que tales mecanismos desincentivan la economía, resultando en menos ingresos tributarios.
Las empresas verán disminuir sus ingresos, y ni hablar de los sectores que, a pesar de todos los golpes que el gobierno les da, logran dinamizar la economía, como el carbón y el petróleo. El gobierno insiste en acabar con estos sectores, asesinándolos económicamente a través de cargas impositivas. Esto es lo que ha llevado a que hoy el Estado no cuente con los ingresos necesarios para cubrir los gastos inflados que ellos mismos han ido creando.
Sabemos de dónde proviene este desastre: inflaron las cifras para llegar a este punto de emergencia económica porque es la única manera de actuar a su antojo, sin contar con las instituciones. La realidad es que se trata de un juego peligroso que, al final, nos hará pagar a todos.
Christian Quiñonez
