La arrogancia política y la falta de consenso parecen ser las guías que marcan las decisiones del presidente Gustavo Petro, quien pretende imponer un presupuesto nacional para el 2025 que no solo está desfinanciado, sino que enfrenta un déficit considerable de 12 billones de pesos. En lugar de buscar acuerdos o diálogos con el Congreso de la República, Petro opta por la vía del decreto, ignorando el papel constitucional que este órgano tiene en la aprobación del presupuesto.
Esta actitud no solo revela una profunda falta de respeto por el equilibrio de poderes, sino también una peligrosa tendencia autoritaria, donde la voluntad del Ejecutivo prevalece sobre los mecanismos democráticos. El presupuesto que el presidente intenta imponer carece de bases sólidas, y sus proyecciones económicas resultan irrealistas en un contexto donde las reformas propuestas por el Gobierno tienen pocas probabilidades de ser aprobadas por el Congreso.
La gestión financiera del actual gobierno ya ha sido objeto de duras críticas. Los anteriores presupuestos han sido los menos ejecutados en años recientes, lo que pone en entredicho la capacidad de la administración Petro para cumplir con sus promesas de desarrollo y bienestar social. A esto se suma el hecho de que el actual ministro de Hacienda se encuentra bajo investigación por presuntos actos de corrupción, lo que agrava aún más la percepción de un gobierno desacreditado y errático en materia económica.
Lo más preocupante es que estas decisiones no solo afectan las estructuras de poder y las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que tienen un impacto directo y devastador sobre la población más vulnerable. Las malas decisiones económicas y el mal manejo del presupuesto afectan principalmente a las personas de menores ingresos, que dependen de la ejecución eficiente de los programas sociales y de inversión pública. Con un presupuesto desfinanciado, estas políticas se ven gravemente comprometidas, generando mayores niveles de pobreza y desigualdad.
Es imperativo que el Gobierno deje de lado la arrogancia y entienda que la democracia requiere del consenso, la negociación y el respeto por las instituciones. La imposición de un presupuesto por decreto no solo es un acto de soberbia política, sino también una amenaza a la estabilidad económica y social del país. Las consecuencias de estas acciones se sentirán principalmente en los sectores más desprotegidos, que son, paradójicamente, aquellos que el gobierno prometió proteger y priorizar.
El país necesita responsabilidad y liderazgo, no imposiciones ni decisiones unilaterales. El Congreso, como representante del pueblo, no puede ser ignorado ni relegado a un segundo plano en un tema tan crucial como el presupuesto nacional. Las decisiones tomadas hoy afectarán el futuro del país, y el presidente Gustavo Petro debería tener en cuenta que la historia juzgará su administración no solo por sus intenciones, sino por los resultados de sus políticas y su capacidad para respetar las reglas del juego democrático.
