Colombia llega a 2025 con un balance amargo, tres años de improvisación, polarización y ausencia de resultados concretos. Tres años en los que Gustavo Petro no ha gobernado para unir, sino para dividir; no ha fortalecido las instituciones, sino que ha intentado debilitarlas. Y, como si fuera poco, ahora comienza a dejar entrever un objetivo que debería encender todas las alarmas, perpetuarse en el poder.
No se trata de una exageración ni de una paranoia política. Sus discursos, sus ataques constantes a los contrapesos institucionales y su narrativa de campaña permanente muestran con claridad que Petro no está pensando en entregar el poder en 2026, sino en cómo prolongar su presencia en el Palacio de Nariño. El libreto es conocido, mantener la polarización encendida, culpar a terceros de los fracasos propios, instalar la idea de que sin él el país retrocederá y, poco a poco, erosionar la confianza en las reglas del juego democrático.
El problema es que su gestión no le da respaldo para pedir más tiempo. La economía está debilitada por decisiones erráticas, reformas improvisadas y mensajes que ahuyentan la inversión. La inflación ha golpeado con fuerza el bolsillo de las familias, el desempleo no cede y la confianza empresarial se ha desplomado. Las promesas de crecimiento inclusivo quedaron en titulares, mientras el país pierde competitividad frente a la región.
En materia de seguridad, el panorama es aún más desolador. La mal llamada “paz total” se tradujo en ceses al fuego mal diseñados, en concesiones unilaterales a grupos armados y en un repliegue del Estado en regiones estratégicas. El resultado, más violencia, más control territorial de las organizaciones criminales y comunidades enteras sometidas al miedo. La autoridad del Estado, lejos de consolidarse, se diluyó.
La política social tampoco ofrece un balance alentador. Ni la salud, ni la educación, ni la infraestructura muestran avances significativos. Las reformas anunciadas se quedaron en discusiones eternas o en proyectos que generan más incertidumbre que soluciones. En lugar de buscar consensos, Petro ha optado por imponer su visión ideológica, incluso si eso significa sacrificar la estabilidad o cerrar las puertas al diálogo.
Sus intervenciones públicas están llenas de ataques, de culpas y de llamados a la confrontación. Su narrativa no busca construir, sino movilizar emocionalmente a una parte del país mientras deslegitima a la otra. Este clima permanente de confrontación es funcional a su estrategia, mantener dividida a la nación para erigirse como el único capaz de “defender al pueblo”.
Colombia no está vacunada contra ese peligro. Si el país no reacciona ahora, en 2026 podríamos enfrentarnos a un escenario en el que la democracia se vea amenazada por un proyecto político que no reconoce límites. Y lo más alarmante es que este camino no se frena solo, se frena con ciudadanía informada, con oposición fuerte y con instituciones dispuestas a cumplir su papel, sin ceder ante la presión del poder.
Lo que está en juego no es simplemente si Petro sigue o no. Lo que está en juego es si Colombia quiere seguir siendo una república democrática o si está dispuesta a entregarse a un liderazgo personalista sin fecha de caducidad. Los tres años que han pasado son un espejo del rumbo que podríamos tener por mucho más tiempo si no se detiene esta tentación autoritaria.
El reloj corre, y la decisión es de todos. Petro ya mostró su libreto. La pregunta es si Colombia permitirá que se ejecute hasta el último acto.
