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Marcela Portilla

El gran hermano criollo: espionaje, dólares voladores y el silencio cómplice de los medios

Una columna del Portal de Opinión

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Colombia, tierra de realismo mágico, vuelve a darnos un espectáculo que ni el propio Gabriel García Márquez habría imaginado. Esta vez, no hablamos de Macondo ni de sus prodigios, sino del Gobierno de Iván Duque, que en un acto digno de una novela de espionaje internacional, todo apunta a que decidió adquirir un software de espionaje llamado “Pegasus”. Este poderoso programa de vigilancia digital fue comprado por nada más y nada menos que la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y pagado en efectivo, como si de un mercado negro se tratara. ¡Así es! Un avión cargado con 11 millones de dólares voló desde Colombia hacia Tel Aviv (Israel) para cerrar la compra. Pero la historia no termina aquí. Según la alocución del presidente Gustavo Petro, realizada el 4 de septiembre de 2024, ese software pudo ser usado para interceptar su campaña presidencial en 2022 y a miles de ciudadanos, en ese entonces, de la oposición, en pleno estallido social y, a día de hoy, nadie sabe dónde está “Pegasus”.

Hasta aquí, la trama podría parecer sacada de una novela de ficción, pero no es más que la cruda realidad. Colombia, un país donde el espionaje no es cosa nueva, ahora enfrenta un escándalo de proporciones internacionales, que implica al anterior Gobierno, organismos de inteligencia y millones de dólares que se pagaron en efectivo. Sin embargo, lo más preocupante no es solo el espionaje, sino el silencio. Los medios de comunicación, aquellos que siempre están prestos a reventar escándalos políticos, esta vez han guardado un silencio cómplice y calculado. En lugar de enfocarse en una denuncia de semejante magnitud, han desviado la atención con el paro de camioneros, un tema candente, sí, pero que parece ser más una premeditada cortina de humo que una coincidencia.

El Software de Espionaje y los Dólares Voladores:

“Pegasus”, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, es conocido por ser una de las herramientas más sofisticadas para espiar teléfonos celulares. Se infiltra en dispositivos móviles, permitiendo acceder a mensajes, llamadas, correos electrónicos y todo tipo de información personal, sin que el usuario lo note. El software ha sido objeto de controversia a nivel mundial, ya que varios gobiernos han sido acusados de usarlo para espiar a opositores políticos, periodistas y activistas de derechos humanos. La lista de clientes de “Pegasus” es oscura, pero ahora sabemos que Colombia también ha jugado este peligroso juego, según la denuncia del presidente Petro.

La denuncia del presidente tiene todos los ingredientes de una bomba mediática: un software de espionaje comprado en circunstancias sospechosas, un avión con 11 millones de dólares en efectivo y la violación de derechos fundamentales, como lo es la privacidad. Además, no olvidemos que la adquisición del software se realizó bajo el gobierno de Duque, quien ya había sido cuestionado por su cercanía con ciertos sectores mediáticos y empresariales.

La pregunta obvia es: ¿por qué un gobierno democrático, elegido por el pueblo, necesita un software de espionaje como “Pegasus”? Y lo que es aún más inquietante, ¿por qué la compra se hizo en efectivo, como si se tratara de una transacción clandestina? Es difícil no pensar que algo turbio hay detrás. ¿Qué temía Duque? ¿Qué buscaba controlar? En la historia reciente de Colombia, el espionaje estatal no es ninguna novedad, pero este episodio parece llevar la cuestión a otro nivel de perversidad.

El Silencio Cómplice de los Medios

Lo más preocupante de este escándalo no es solo la compra del software y el destino incierto del dinero, sino el hecho de que los medios tradicionales apenas han mencionado la denuncia del presidente Petro y cuando lo han hecho, han tratado de ridiculizar el tema y hablar sincronizadamente de un «refrito», refrito al que antes tampoco le dieron importancia. En lugar de investigar, profundizar o exigir respuestas, han preferido enfocar su atención en otros temas. El paro de camioneros, por ejemplo, ha ocupado las primeras planas y ha desviado completamente la atención pública. No cabe duda de que el paro es un asunto relevante, pero uno no puede evitar preguntarse si la cobertura no ha sido más que una distracción conveniente y el paro parece armado a la orden del día.

Revista Semana, dirigida por la controvertida Vicky Dávila, parece ser uno de los actores clave en esta trama. Recordemos que, durante la campaña de Petro, esa revista en cabeza de esa “periodista” fue una de las principales promotoras de teorías de conspiración en su contra, presentando informes que buscaban debilitar su candidatura y, de hecho, muy sospechosamente infiltraron su campaña ilegalmente y mostraron semejante delito (de “infiltración”) como si fuera la gran proeza de la revista, lo que solo les demostró a quienes son más críticos e inteligentes que ese tipo de periodismo es el que realmente “corre la línea ética”. Ahora, ante una denuncia que pone en evidencia el uso de espionaje en su contra, Semana y su directora se han mantenido en silencio cómplice al respecto. Este hecho no solo es curioso, sino profundamente inquietante. ¿Dónde está el periodismo investigativo? ¿Por qué no se han lanzado a investigar uno de los escándalos más grandes de los últimos tiempos? Porque eso es la compra de “Pegasus” y las condiciones en las que dicha compra se dio.

El silencio de los medios no solo es sospechoso, sino también peligroso. En una democracia, los medios de comunicación deben ser el contrapeso del poder, los ojos vigilantes que no permiten que el Gobierno —ni sus herederos— se salgan con la suya. Pero, en este caso, parece que los medios están más preocupados por proteger ciertos intereses que por informar al público. ¿Los medios se beneficiaron y se siguen beneficiando del uso de “Pegasus”?

Espionaje y Manipulación Política: Un Cóctel Explosivo

El presidente Petro ha sido claro en su denuncia: “Pegasus” pudo ser utilizado para interceptar las comunicaciones de su campaña. No es la primera vez que en Colombia se acusa al Gobierno de espiar a sus oponentes políticos. Recordemos el escándalo de las “chuzadas” del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe, en el que espiaron a periodistas, jueces y opositores. Pareciera que esta práctica ha continuado, ahora con tecnología más sofisticada y bajo el mando de otro Gobierno de derecha y uribista, ¡qué sorpresa!

La adquisición de “Pegasus” no solo atenta contra los derechos de los espiados, sino que también pone en entredicho la legitimidad de los procesos democráticos en el país. Si el software fue, efectivamente, utilizado para interceptar las comunicaciones de la campaña de Petro y de ciudadanos en general, estamos ante una manipulación grave que trata de debilitar la confianza de la gente en las elecciones de 2022 y de cara a las de 2026, igual sucede con las instituciones que deberían protegerlas.

¿Y Ahora Qué?

El paradero de “Pegasus” sigue siendo un misterio. Según el presidente Petro, nadie sabe dónde está el software ni quién lo controla. ¿Está en manos de agentes privados? ¿De organismos de inteligencia que actúan al margen del control democrático? La falta de respuestas es alarmante y la ausencia de investigaciones serias por parte de los medios solo agrava la situación.

Este escándalo debería ser el tema central del debate público en Colombia, pero, en su lugar, los medios han optado por desviar la atención. Mientras tanto, los colombianos seguimos sin respuestas sobre el uso de “Pegasus”, sobre el avión cargado de dinero y sobre las verdaderas intenciones del Gobierno de Duque y de la DIPOL.

Lo que queda claro es que, en Colombia, la vigilancia estatal y la manipulación mediática son dos caras de una misma moneda. Y mientras el país sigue inmerso en paros, protestas y crisis económicas (heredadas de los anteriores gobiernos), la clase política de la ultraderecha sigue jugando al espionaje ilegal y los medios guardan un silencio cómplice.

Es hora de que los colombianos exijamos respuestas. El avión con los 11 millones de dólares en efectivo voló desde Colombia hacia Tel Aviv (Israel) en pleno estallido social, antes del inicio formal de la campaña presidencial de 2021, durante el gobierno de Duque, y adquirido por una institución del Estado, como es la DIPOL. Lo que está en juego no es solo dinero, es la privacidad, la democracia y el futuro de un país, el cual parece condenado a repetir sus peores historias porque la gente se deja manipular y se siente orgullosa de ello.

¡No pasarán!

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