Se ha convertido en una práctica habitual. Una acción repetida, casi un acto reflejo, cuando algo no sale según lo esperado, el Gobierno del «cambio» no asume responsabilidades, denuncia. No se encarga de la gestión, señala. No ofrece respuestas, sino que adopta una postura de victimización. Gustavo Francisco Petro Urrego y su equipo han evidenciado una preocupante falta de capacidad para asumir la carga política que les corresponde y como libreto premeditado indilgan las culpas a otros.
El país no se encuentra ante una situación trivial ni acontecimientos esporádicos. Actualmente, se enfrenta a crisis concurrentes que repercuten de manera directa en la vida cotidiana de los ciudadanos. El invierno que afecta a Montería y otras regiones no constituye una sorpresa climática ni un fenómeno imprevisto, sino una emergencia anunciada. No obstante, la respuesta del Estado ha sido tardía, fragmentada y ha presentado excusas. El inconveniente no radica en la falta de previsión o de ejecución, sino en «los gobiernos anteriores», «las mafias regionales» o «los enemigos del cambio». Una premisa fundamental de la gobernanza es la anticipación, no la narración posterior de eventos desafortunados.
La crisis del sistema de salud es aún más grave. La falta de suministro de medicamentos, la interrupción de tratamientos médicos y las dificultades administrativas que enfrentan los pacientes mientras las entidades oficiales responsabilizan a las EPS, al Congreso, a la prensa o a los entes privados son problemas que deben abordarse con seriedad y eficacia. Es innegable que el sistema enfrenta problemas estructurales, sin embargo, desmantelarlo sin un plan sólido mientras millones de colombianos sufren las consecuencias, no constituye una verdadera transformación, sino una falta de responsabilidad. Ante esta situación, el Gobierno opta por adoptar una postura de naturaleza política en lugar de realizar una autocrítica.
Otro síntoma del mismo problema es el escándalo de la UNGRD. Una entidad constituida con el propósito de atender emergencias terminó convirtiéndose en un escenario de prácticas corruptas, contratos excesivos y gestión política de los recursos. ¿Cuál fue la reacción? Es preciso mantener una distancia prudencial, atribuir responsabilidades a los funcionarios de rango inferior y proponer hipótesis de conspiración interna. Sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad política no puede delegarse. Cuando la corrupción se manifiesta en el seno del Ejecutivo, el discurso moral pierde credibilidad.
Ciertamente, casos como el de Juliana Guerrero, envueltos en silencio, ambigüedades y explicaciones tardías, refuerzan la sensación de un poder que exige transparencia a otros, pero se muestra reacio a ofrecerla. El cambio prometido debe ser aplicado de manera imparcial y sin estar sujeto a consideraciones de conveniencia política.
A esto se suma un asunto de suma gravedad, como es la vulneración de los límites máximos de financiación de la campaña electoral. Esta situación compromete la legitimidad democrática y requiere soluciones concretas, alejadas de discursos incendiarios o descalificaciones hacia los organismos de control. La situación no se centra en persecuciones ni en animadversiones ideológicas; se trata de normas claras que aseguran la equidad en la contienda política. Cuando el Gobierno responde con victimización y no con claridad, se genera un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía.
La izquierda en el poder parece no recordar que ya no se encuentra en la oposición. Gobernar implica asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas, de los errores cometidos y de las consecuencias que puedan surgir. Hay que evitar caer en la simplificación excesiva de la situación atribuyendo responsabilidades de forma indiscriminada. La narrativa del enemigo permanente puede servir como un catalizador para movilizar bases, pero no constituye una solución efectiva para resolver problemas estructurales.
Colombia no requiere de un gobierno que se explique, justifique o lamente su gestión. Necesita uno que responda. La capacidad de asumir responsabilidades no solo no debilita el liderazgo, sino que lo fortalece. Por otro lado, la persistencia en la evasión genera un deterioro en la credibilidad de las instituciones y agrava la brecha entre el discurso del cambio y la realidad que experimentan los ciudadanos.
El poder no se mide por la capacidad de señalar culpables, sino por la voluntad de responder cuando las decisiones fallan. Gobernar implica asumir la responsabilidad de los problemas, ajustar el curso de acción cuando es necesario y actuar con determinación, sin excusas ni justificaciones excesivas. Mientras la responsabilidad siga eludiéndose y la autocrítica no se practique, el denominado «Gobierno del cambio» continuará siendo únicamente un eslogan. Un proyecto político que elude sus errores no logra transformar la realidad, sino que, por el contrario, la agrava.
