La construcción de paz en Colombia ha sido un camino largo y complejo, y en cada
momento histórico ha requerido valentía para aceptar la realidad de nuestro conflicto y abrir
espacios de diálogo con aquellos que, desde la ilegalidad, han tenido un impacto en
nuestras comunidades. La reciente negativa del gobernador de Antioquia, Andrés Julián
Rendón, de sentarse a dialogar con grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo
plantea interrogantes sobre nuestra responsabilidad como líderes en la búsqueda de la paz.
Esta postura, aunque respetable, desconoce la necesidad de explorar todas las alternativas
para reducir la violencia y recuperar la estabilidad en las regiones más afectadas por el
conflicto.
Dialogar no implica debilidad, ni mucho menos impunidad. En mi experiencia como el primer
coordinador de la mesa de negociación en Buenaventura entre los grupos Shottas y
Espartanos, comprobé que el diálogo es una herramienta legítima y poderosa para disminuir
la violencia, salvar vidas y ofrecer alternativas de vida digna a quienes, bajo otras
circunstancias, no las tendrían. Estos procesos no son fáciles y enfrentan desafíos éticos y
jurídicos, pero anteponer la justicia y la legalidad al diálogo, como única estrategia, deja
poco margen para avanzar en territorios donde el Estado ha tenido una presencia.
La política de “Paz total” del gobierno del presidente Gustavo Petro no es una invitación a la
rendición de la institucionalidad, sino un esfuerzo por incluir a aquellos que, estando al
margen de la ley, puedan reintegrarse y construir una vida lejos de la violencia. El diálogo es
un proceso que exige garantías de justicia y que no significa impunidad automática. Al
contrario, es una oportunidad para establecer condiciones en las que se respeten los
derechos de las víctimas y se logre que los responsables de delitos enfrenten las
consecuencias de sus actos.
Es importante recordar que la paz es el imperio de la ley, sí; pero también es el fruto de
decisiones audaces, de la voluntad de escuchar y de enfrentar la realidad compleja de
nuestro país con inteligencia y compasión. Rechazar el diálogo con estos grupos, sobre
todo cuando tienen una influencia innegable en el territorio, es una oportunidad perdida para
explorar soluciones reales a la resolución del conflicto.
Como congresista, exhorto al gobernador Rendón y a otros líderes locales a reconsiderar su
postura. La paz en Colombia no se construirá desde el aislamiento, sino mediante un
trabajo coordinado que incluya a todos los actores en las regiones. El diálogo es una
oportunidad para que juntos, gobierno nacional, gobernadores y alcaldes, trabajemos en
una solución que alivie el sufrimiento de las comunidades y nos acerque a la paz que tanto
anhelamos. Negarse a recorrer este camino solo prolongará un conflicto que ya ha dejado
demasiadas heridas abiertas en nuestra sociedad.
No podemos continuar esperando resultados distintos aplicando las mismas estrategias
que, durante décadas, sólo han perpetuado el dolor y la violencia en nuestro país. Colombia
merece una oportunidad de paz y reconciliación, y los líderes tenemos la responsabilidad
histórica de agotar todas las vías posibles para alcanzar este objetivo.
Alejandro Ocampo
