El reciente debate sobre el incremento del salario mínimo en Colombia ha trascendido su naturaleza técnica, convirtiéndose en una evidencia de cómo una determinación precipitada puede derivar en un conflicto institucional de proporciones sin precedentes. La suspensión provisional del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional estableció el salario mínimo para el año 2026, ordenada por el Consejo de Estado, constituye un hecho sin precedentes en la historia reciente del país. Y formula un interrogante incómodo: ¿cuán sólida fue la determinación adoptada en diciembre?
El incremento decretado por Gustavo Francisco Petro Urrego se presentó como una victoria social. Sin embargo, meses después, la economía comenzó a reflejar tensiones previsibles, tales como presiones inflacionarias en sectores indexados al mínimo, ajustes en los costes laborales para pequeñas y medianas empresas y un entorno de creciente cautela empresarial. En este sentido, la intervención del alto tribunal aporta un enfoque jurídico a la discusión económica.
La determinación adoptada por el Consejo de Estado reviste una considerable importancia. La suspensión provisional del decreto sugiere la presencia de elementos que suscitan interrogantes acerca de su legitimidad o del proceso mediante el cual fue emitido. Una vez concluido el proceso, se ha determinado que las decisiones públicas deben ceñirse a criterios sólidos y fundamentados tanto en aspectos técnicos como jurídicos, independientemente de su popularidad.
Es innegable que los trabajadores requieren de ingresos más elevados. En un país con marcadas desigualdades, el salario mínimo se constituye como un elemento fundamental que representa dignidad y protección para los trabajadores. Sin embargo, ejercer el gobierno requiere gestionar de manera equilibrada múltiples variables. Un incremento notable, sin una estrategia paralela de productividad, formalización y alivio de las cargas empresariales, puede resultar en distorsiones significativas. Cuando el salario crece por encima de la capacidad real de la economía para absorberlo, el impacto no desaparece, sino que se redistribuye.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la política tiende a moverse por incentivos distintos a los económicos. En un contexto preelectoral, el afán de capitalizar decisiones con alto contenido simbólico puede imponerse sobre la prudencia técnica. Es preciso señalar que, cuando el progresismo se convierte en una consigna ideológica, corre el riesgo de perder autocrítica. La coherencia, que debería ser un requisito indispensable para cualquier liderazgo, no puede ser ajustada según la conveniencia del momento.
Lo que resulta verdaderamente preocupante es el efecto dominó en el escenario político. Varios candidatos han optado por una postura «políticamente correcta» con el fin de evitar cualquier posible controversia. Del mismo modo, los empresarios que advierten impactos en sus estructuras de costos prefieren la cautela pública, conscientes de que revertir o matizar una medida socialmente celebrada implica asumir ciertos costos reputacionales.
La economía, sin embargo, no se guía por narrativas. Si el incremento en los salarios resulta en un aumento de la informalidad laboral, en una disminución de la contratación formal o en un traslado de costos al consumidor final, los resultados pueden ser diametralmente opuestos a los esperados. Este movimiento no se trata de una confrontación de clases ni un debate entre derecha e izquierda. Este es un problema de sostenibilidad.
La suspensión provisional crea un espacio para la reflexión. Independientemente de las posturas ideológicas, es crucial que el país adopte una perspectiva pragmática. Con el propósito de mitigar la situación de inestabilidad que ya es perceptible, se hace necesario implementar medidas coyunturales que garanticen la productividad, así como una revisión exhaustiva de las cargas no salariales. Se deben proporcionar alivios temporales a las microempresas y formalizar el sector laboral de manera eficiente. Decretar aumentos no es suficiente; es indispensable gestionar sus efectos.
La institucionalidad, en este caso, está desempeñando un rol de contrapeso. La intervención del Consejo de Estado es una muestra del funcionamiento del Estado de derecho. No obstante, dicha situación también pone de manifiesto una deficiencia de origen; las determinaciones estructurales adoptadas sin el consenso o la rigurosidad requeridos acaban siendo judicializadas. Colombia se enfrenta a un entorno económico frágil. El crecimiento moderado, la inversión prudente y el contexto internacional incierto requieren una evaluación cuidadosa de cada paso. El voluntarismo no puede reemplazar el análisis técnico. Es esencial entender que la sensibilidad social no puede desligarse de la responsabilidad fiscal y jurídica.
El debate sobre el salario mínimo debe servir para construir consensos sostenibles. La protección de la dignidad del trabajador y la garantía de la viabilidad empresarial son objetivos complementarios para la estabilidad social. La actual discusión no se limita únicamente al monto, sino que también aborda la necesidad de una mayor coherencia en la toma de decisiones públicas. Cuando el cálculo político prevalece sobre la sensatez económica, las consecuencias suelen trasladarse a los contribuyentes en forma de mayores cargas fiscales.
