Un Estado que desprotege a sus ciudadanos, que desfinancia a sus Fuerzas Armadas y que entrega territorios enteros a los criminales no es más que un gobierno fallido.
Colombia ha sido un país marcado por la violencia. Desde las guerras civiles del siglo XIX hasta el interminable conflicto con guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, la historia de nuestra nación es una sucesión de tragedias que han cobrado miles de vidas y han desplazado a millones de compatriotas. A pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos por restablecer el orden, siempre ha habido quienes, con discursos populistas y falsas promesas de paz, han permitido que el caos vuelva a apoderarse del país. Hoy, el Catatumbo es el reflejo más brutal de esa historia de abandono, permisividad con el crimen y un gobierno que se muestra más cercano a los victimarios que a las víctimas.
El Catatumbo, esa región azotada por la violencia, el narcotráfico y el abandono estatal, se ha convertido en el epicentro de una crisis que el gobierno de Petro no solo ha permitido, sino que ha exacerbado con su ineptitud y su complacencia con los grupos criminales. Las cifras son alarmantes 70 muertos, 51.000 desplazados y un fortalecimiento innegable del ELN y otros grupos al margen de la ley. Y mientras tanto, ¿qué hace el gobierno? Presenta un plan de «transformación» de 2.7 billones de pesos que no es más que una cortina de humo para tapar su propia negligencia.
En su intento por vendernos la idea de que están solucionando la crisis, el gobierno ha anunciado subsidios para los cocaleros y una supuesta erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Nos hablan de acabar con 25.000 hectáreas de coca de las 55.000 identificadas, pero la realidad es que sin la fuerza pública y sin una estrategia real de seguridad, el narcotráfico seguirá floreciendo con el beneplácito del Estado. Para rematar, se planea financiar este proyecto con impuestos disfrazados de «solidarios», golpeando aún más a los sectores productivos del país.
Y si de seguridad hablamos, el panorama es aún más desolador. Las Fuerzas Militares han sido reducidas a niveles peligrosos, pasando a contar con solo 177.800 soldados, mientras los terroristas del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo suman más de 21.000 hombres en armas. Los helicópteros no tienen mantenimiento, el presupuesto de defensa ha sido recortado y el gobierno, en su infinita miopía, suspendió los bombardeos contra campamentos guerrilleros con menores, incentivando así el reclutamiento infantil y condenando a cientos de niños a un destino infame.
A esta ecuación hay que sumarle la impunidad con la que operan los criminales. ¿Dónde está la justicia en el Catatumbo? En un país donde se persigue a los militares y a quienes defienden la institucionalidad, pero se les da la mano a los delincuentes, el Estado de derecho está en peligro. La justicia, que debería ser el baluarte de la democracia, se ha convertido en un instrumento de manipulación política. Mientras los ciudadanos del Catatumbo claman por seguridad, las instituciones parecen más preocupadas en negociar con los violentos que en castigarlos.
Es aquí donde el papel de la justicia cobra una relevancia crucial. No podemos permitir que el sistema judicial siga siendo un espectador silente ante el sufrimiento de miles de colombianos. El abandono institucional es evidente, pero la inacción de la justicia lo agrava. Cada muerte, cada desplazado, cada niño reclutado es una prueba de que las instituciones han fallado. Y si la justicia no actúa con firmeza, si no hay condenas ejemplares contra los criminales, el mensaje que se envía es que el crimen paga y que el terrorismo tiene cabida en el país.
El Catatumbo es la prueba más fehaciente de que el «Gobierno del Cambio» es, en realidad, el gobierno de la complacencia con el crimen. Un Estado que desprotege a sus ciudadanos, que desfinancia a sus Fuerzas Armadas y que entrega territorios enteros a los criminales no es más que un gobierno fallido. Y lo peor es que ahora pretenden vendernos como solución el incendio que ellos mismos provocaron.
Colombia no puede seguir tolerando esta burla. Es imperativo recuperar el control del Catatumbo con autoridad, con inversión seria y con una estrategia de seguridad contundente. No con promesas vacías, ni con impuestos abusivos, ni con políticas que solo benefician a quienes han sembrado el terror. La justicia tiene un papel fundamental en este proceso, y si el sistema judicial sigue permitiendo que los criminales operen sin castigo, estaremos condenados a repetir la historia de violencia y descomposición social.
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1️⃣ El abandono del Catatumbo es una herida abierta en Colombia. La violencia y el narcotráfico avanzan mientras el gobierno cierra los ojos. ¡No más impunidad! Es hora de recuperar la autoridad y la seguridad. #JusticiaParaElCatatumbo
2️⃣ ¿Hasta cuándo el Estado seguirá entregando territorios al crimen? En el Catatumbo, los ciudadanos claman por seguridad y justicia, pero el gobierno responde con inacción. Colombia no puede resignarse. ¡Actuemos ahora! 🇨🇴 #ElCatatumboResiste
3️⃣ El «Gobierno del Cambio» ha significado más violencia, más abandono y más impunidad. El Catatumbo es prueba de ello. No podemos permitir que el miedo gobierne. ¡Seguridad y justicia YA! #ColombiaExigeOrden
Por. Wilson Ruiz Orejuela
