Durante los últimos meses se vivieron en la Universidad Nacional una serie de eventos que involucraron todo tipo de acciones de orden social, político y jurídico, basadas principalmente en la elección del nuevo rector del alma mater. Se vieron involucrados todos los miembros del Consejo Superior de la universidad, máximo ente directivo de la institución de educación superior compuesto por los delegados de estudiantes, profesores, exrectores, el Consejo Académico, el Consejo Nacional de Educación Superior CESU y el gobierno nacional.
Más allá de los vericuetos legales que envolvieron la discusión relacionada con la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, que han involucrado procesos legales de revisión del procedimiento de elección, el problema de fondo es que, de acuerdo con la ley, la elección no es un proceso democrático y en ese orden de ideas la elección no se realiza por votación de las mayorías, como se hace en la política tradicional colombiana, sino por meritocracia, con base en el análisis del perfil y las calidades de los candidatos aspirantes al cargo y votación exclusiva de los miembros del Consejo Superior.
En ese sentido, el problema se tradujo en que, aunque el destituido José Ismael Peña obtuvo la votación necesaria en el Consejo Superior de la universidad para proclamarse como rector, la decisión no satisfizo los deseos de la mayoría poblacional del claustro ni los cálculos políticos del gobierno, lo que terminó por presentarse un hecho sin precedentes en la educación superior colombiana cuando el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, decidió intervenir vulnerando la autonomía universitaria a través de la Resolución 7480 del 15 de mayo de 2024.
Todo finalizó con la elección de Leopoldo Múnera Ruiz como nuevo rector de la Universidad Nacional, desde el 7 de junio, hecho que trajo consigo dos sucesos relevantes e inéditos en la historia del país: el gobierno trasgredió la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente en el artículo 69 de la carta política y se desconoció la decisión adoptada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Estos dos hechos no sólo constituyen una posible vulneración legal al procedimiento de elección, sino un eventual desconocimiento de los derechos consagrados en la constitución política.
Infortunadamente, este no es un hecho aislado. Esto representa lo que a muchos colombianos preocupa, representa la posibilidad de que este gobierno, basado en su supuesto talante democrático, quiera imponer, en nombre de las mayorías, decisiones y adoptar medidas, obviando o trasgrediendo el ordenamiento jurídico y constitucional del país. Los procesos políticos, administrativos y judiciales están definidos y por todos es sabido que, aunque somos un país democrático y esperamos seguirlo siendo por siempre, no todos las decisiones y elecciones pueden ser de orden democrático constituyente, eso sería abiertamente inviable y el gobierno, en cabeza del presidente Petro no puede desconocer la institucionalidad y el ordenamiento jurídico en nombre de la democracia.
Si ya en el caso de la Universidad Nacional se pasó por encima sin reparos de la Constitución, ¿qué pasará con los otros procesos, reformas y decisiones en el país si el gobierno nacional decide pasar por encima de lo que está consagrado constitucionalmente en Colombia?
