La aprobación del proyecto de Acto Legislativo 018 de 2024, que modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución, representa un cambio trascendental para el Sistema General de Participaciones (SGP) en Colombia. Este paso, que ahora está en manos del presidente para su sanción, responde al clamor de Gobernadores y Alcaldes por una mayor descentralización, una demanda que lleva años resonando en el país. Pero ¿estamos realmente preparados para este desafío?
Desde una perspectiva regional, la descentralización es un ideal innegable. Es injusto que los entes territoriales dependan del gobierno central en Bogotá para gestionar los recursos necesarios para atender sectores vitales como las vías, salud, educación, agua potable y saneamiento básico. La posibilidad de administrar estos recursos directamente podría traducirse en una respuesta más ágil y adecuada a las necesidades territoriales. Sin embargo, este nuevo modelo también abre interrogantes y genera sus respectivas preocupaciones.
Uno de los retos inmediatos será la reglamentación de la ley de competencias, cuyo plazo de expedición es de 12 meses. Este marco normativo deberá resolver cuestiones críticas, como la reducción de gastos en el Estado Central, la redistribución de funciones entre niveles de gobierno y la garantía de que los entes territoriales tengan la capacidad técnica para manejar los recursos asignados. Más aún, será fundamental evitar la duplicidad de tareas y asegurar que la transición hacia este esquema descentralizado sea gradual y sostenible.
No podemos ignorar los riesgos de abrir la puerta a la corrupción en un país donde el mal manejo de los recursos públicos es un problema recurrente. La vigilancia y el control serán elementos esenciales para evitar que esta reforma termine debilitando aún más la confianza en nuestras instituciones.
Además, hay un contexto económico que no podemos obviar. El país enfrenta una difícil situación fiscal que ha sido señalada por el Banco de la República y expertos en economía. El bajo recaudo tributario, la incertidumbre sobre las reformas estructurales y un presupuesto manejado por decreto ya suponen desafíos importantes. En este escenario, expandir el porcentaje del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN SGP al 39.5% sin un manejo adecuado podría exacerbar el déficit fiscal, generando una asfixia económica aún mayor.
El éxito de esta reforma dependerá de varios factores. Por un lado, será clave establecer un monitoreo eficaz de los recursos transferidos y garantizar que los territorios cumplan con sus nuevas responsabilidades. Por otro lado, el gobierno central deberá ajustar su estructura para evitar realizar acciones ineficaces que perturben el desarrollo de las funciones y permitir que las regiones asuman su autonomía de manera efectiva.
Es un hecho que la descentralización bien aplicada tiene el potencial de transformar positivamente nuestros territorios el país. Pero este proceso debe ser llevado a cabo con prudencia, claridad y responsabilidad fiscal. Colombia tiene ante sí una oportunidad única para rediseñar su modelo de gestión pública, pero también un enorme desafío para evitar que esta reforma, se convierta en un lastre económico y político.
Los ojos estarán puestos en la ley de competencias y en los pasos que el gobierno y los entes territoriales tomen en los próximos meses. La descentralización debe ser sinónimo de desarrollo, no de improvisación. Por el bien del país, esperemos que esta apuesta sea el inicio de un cambio positivo y no una carga más para nuestra economía ya debilitada.
