Una vez más, las reformas prioritarias del Gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego, específicamente las relacionadas con los sectores de salud y hacienda, han enfrentado obstáculos significativos en el Congreso. El libreto oficial se repite con disciplina: atribuir la culpa a una supuesta “talanquera” obstinada de la oposición, denunciar complots, señalar intereses oscuros y deslegitimar el funcionamiento mismo de la institucionalidad. Sin embargo, atribuir el fracaso a una conspiración constituye una solución simplista. En realidad, lo que sucede es mucho más elemental y saludable: el ejercicio coherente de la democracia frente a propuestas inconvenientes, mal diseñadas y promovidas con un sesgo ideológico que obstaculiza la objetividad.
El Congreso no debe limitarse a aplaudir decretos emocionales ni a servir de notaría de consignas. Es preciso considerar, evaluar, rectificar y, cuando sea pertinente, negar. Este fue el resultado obtenido. No se trata de una cuestión de bloqueo antidemocrático, sino de la falta de consenso, viabilidad técnica y, sobre todo, de confianza en las reformas presentadas. La esencia de la democracia radica en su capacidad de rechazar proyectos que no cuentan con el respaldo de la mayoría.
La reforma al sistema de salud constituye un ejemplo ilustrativo de esta tendencia. En lugar de abordar las deficiencias del sistema con medidas técnicas y de manera progresiva, se implementó un cambio abrupto, centralizado y burocrático, con un Estado regulador sin la capacidad demostrada para asumir una responsabilidad tan significativa. El riesgo no era de carácter ideológico, sino operativo y humano: poner en juego la atención de millones de pacientes con el fin de satisfacer una narrativa política. Se han recibido advertencias por parte de expertos, gremios, universidades y organizaciones de pacientes, las cuales no han sido debidamente consideradas. En lugar de una escucha activa, se impuso un dogma inflexible.
La reforma tributaria siguió un procedimiento similar. Se hizo especial hincapié en la necesidad de contar con los recursos necesarios, así como en la aplicación de una lógica punitiva contra los sectores productivos, sin que se presentara una estrategia clara de crecimiento ni indicios de estabilidad. Se abordó el tema de la justicia fiscal en un contexto de desaliento de la inversión, erosión de la confianza y mensajes inconsistentes para el mercado. El resultado fue previsible: resistencia, dudas y rechazo.
Ninguno de estos aspectos es fortuito. Esta respuesta se enmarca en una forma de gobernar influenciada por la ideología, el resentimiento y una interpretación dualista del poder. Para Gustavo Francisco Petro Urrego y su círculo de aduladores progresistas, quien no se alinea es considerado enemigo; quien discrepa, traidor; quien cuestiona, parte de una élite corrupta. En este contexto, el debate se torna inviable y la política se circunscribe a un espectáculo de confrontación constante.
El problema no se limita únicamente al contenido de las reformas, sino también al enfoque con el que se implementan. La gestión se lleva a cabo desde la tribuna, no desde la administración. Se evidencia una preferencia por la narrativa del enfrentamiento en lugar de la paciencia que conlleva el consenso. Es preciso señalar que a menudo se confunde el liderazgo con imposición y la transformación con demolición. De esta manera, cada revés se convierte en un impulso para la polarización, en lugar de ser visto como una oportunidad de mejora.
Paradójicamente, el mayor acto de defensa del cambio vino del propio sistema que el presidente descalifica. El Congreso, a pesar de sus deficiencias, ejerció como contrapeso. Ha llevado a cabo las acciones que le corresponde en el marco de una democracia, tales como evaluar, debatir y frenar. No se trata de preservar privilegios, como se ha señalado desde el Palacio, sino de evitar decisiones precipitadas. Defender la institucionalidad no es conservadurismo; es responsabilidad.
Sería aconsejable que el Gobierno abandonara la narrativa del asedio y asumiera una verdad incómoda: las reformas no han tenido éxito porque no han sido bien concebidas, porque no generan confianza y porque se han impuesto desde una lógica de revancha política. La democracia no se erige como un obstáculo para el cambio; más bien, actúa como un filtro que lo permite. El propósito de este tamiz es salvaguardar a la sociedad de tendencias mesiánicas y decisiones precipitadas.
Colombia requiere de soluciones prácticas y de un enfoque constructivo, alejado de discursos incendiarios y de una victimización presidencial que no contribuyen a un ambiente de diálogo y cooperación. Mientras el gobierno mantenga esta confusión entre oposición y sabotaje, así como entre democracia y obediencia, los naufragios legislativos no serán la excepción, sino la norma. Esta situación no puede atribuirse a ninguna barrera física o política, sino a una determinación ideológica que persiste en gobernar en contra del país, en lugar de trabajar en beneficio de él.
