Tal como lo manifesté en mi columna anterior, soy partidaria de tomar las medidas pertinentes que ayuden a la reactivación económica del país. Sin embargo, el reciente anuncio del Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de presentar al Congreso de la República un proyecto de ley para flexibilizar la regla fiscal y ampliar el margen de inversión, no me sonó tanto, y tengo varias razones al respecto.
Pero comencemos por el principio para entender de qué estamos hablando: La regla fiscal se creó en el 2011 con el fin de controlar el límite de endeudamiento de los gobiernos a niveles críticos del valor del PIB. En otras palabras, bien sencillas, es decirle al Gobierno Nacional que sólo puede gastar hasta un punto y no se puede pasar de ahí. De esta manera se garantiza una sostenibilidad fiscal y se le da credibilidad a una economía internacionalmente, dada su estabilidad macroeconómica.
En efecto, Colombia, desde el 2011, ha respetado la regla fiscal y querer modificarla es una opción muy compleja, en la que entraría en juego la credibilidad de las finanzas públicas del país. Y es que incumplir con uno de los mecanismos más aceptados a nivel global, que limita la deuda de los gobiernos, representa una de las decisiones más temidas por el mercado.
Cabe recordar que, a finales de 2023, ya se había tocado este tema de la regla fiscal, pero dada su gravedad se había acordado cumplirla a toda costa. De hecho, esa fue una de las promesas para renovar la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional FMI, que se consiguió hace unas semanas. Por lo tanto, no podemos quedar ahora como mentirosos y cambiar las reglas del juego, a último momento.
Claro, es evidente que la regla fiscal no se va a cumplir en el 2024, debido a un aumento del déficit fiscal del 5.3%. En consecuencia, la deuda neta del Gobierno representa el 57.4% del PIB, superando el límite de la regla del 55%.
Como si esto fuera poco, también tenemos que considerar tres escenarios críticos de la actual coyuntura: 1. Un bajo crecimiento económico que no es jalonado por la industria ni por la inversión de nuevo capital; 2. El riesgo de que el recaudo caiga en $15 billones, en especial por la cuenta de litigios, menores ingresos petroleros y mineros, y el efecto de la deducibilidad de regalías; y 3. Un presupuesto abultado por $502 billones, que tiene problemas de ejecución y de eficiencia en los resultados del gasto.
Entonces a fin de cuentas el aumento del gasto, al flexibilizar la regla fiscal, más un debilitamiento del sector productivo del país, pondría al Gobierno Nacional en serios aprietos con el déficit.
Y aquí no sólo se trata de que el Gobierno prometa y se comprometa con la ejecución juiciosa del presupuesto, sino que también debe existir una intención y acciones reales que permitan focalizar la inversión y los programas que aportan al crecimiento económico. Porque un mayor gasto no implica necesariamente equilibrio en la actividad productiva. De ahí que instituciones como Fedesarrollo, Anif y Fenalco, le soliciten al Gobierno reducir el gasto y permitir el crecimiento económico por la vía de mayor capacidad de la inversión y la formación de capital.
Por su parte, el Gobierno ha anunciado, hasta ahora, cuatro propuestas para un plan de recuperación económica, que ayude a impulsar el crecimiento: 1. Una nueva reforma tributaria que reduzca la tarifa nominal del 35% en renta, para las empresas; 2. Un proyecto de ley para obligar a inversiones forzosas al sector financiero en programas de economía popular: algo que podría encarecer el crédito y crear barreras de acceso; 3. Flexibilizar la regla fiscal; y 4. Un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes, para solicitar un cupo de endeudamiento por más de US$17 mil millones de dólares.
En este punto ya sabemos que el Gobierno Nacional no podrá cumplir con la regla fiscal este año, mientras tanto en el Congreso se han realizado algunas audiencias públicas en torno a la inconveniencia de flexibilizar la regla. Es así como se viene insistiendo en la necesidad de ajustar el cinturón del gasto, mejorar la confianza en las inversiones productivas, revisar los costos inherentes al ahorro nacional y hacer reformas como la pensional y la laboral, que correspondan a la coyuntura nacional y global.
La verdad es que se necesitan acciones más rápidas y contundentes; y claro más iniciativas para poder darle la pelea a la fuerte caída de la economía en su conjunto.
Es un sentir de todos los colombianos y no únicamente de los grandes empresarios, porque la realidad es que este es un tema que nos toca a todos.
Por: Ingrid Sogamoso
Representante a la Cámara por Boyacá
