Gustavo Petro parece haber cambiado la banda presidencial por una pancarta electoral. En plena crisis de salud, seguridad y economía, el mandatario ha optado por abandonar la gestión del país para centrarse en su estrategia electoral anticipada. En lugar de liderar con soluciones concretas, ha preferido señalar culpables y aferrarse a un discurso victimista para justificar su falta de resultados. Mientras los hospitales colapsan, la criminalidad se dispara y la incertidumbre económica se profundiza, su prioridad sigue siendo la confrontación con el Congreso y la prolongación de su lucha política, como si Colombia estuviera atrapada en un interminable escenario electoral.
Su discurso ha cambiado drásticamente. Ya no se enfoca en reformas estructurales, sino en una supuesta conspiración que, según él, impide el avance del «cambio». Sin embargo, la realidad es más preocupante: su falta de capacidad para generar consensos ha condenado sus iniciativas al fracaso. En lugar de corregir su estrategia, ha optado por la confrontación. La consulta popular que ahora impulsa no busca solucionar los problemas del país, sino consolidar su imagen, desacreditar al Congreso y trasladar el debate del plano legislativo al emocional. En esencia, es una maniobra para prolongar su influencia política mientras el país sigue sumido en la incertidumbre.
El choque entre el Ejecutivo y el Legislativo ha alcanzado niveles críticos, sumiendo a Colombia en un limbo institucional. Mientras tanto, la reforma a la salud se derrumba, los médicos denuncian el desabastecimiento de insumos básicos, la inseguridad se dispara y los grupos armados expanden su control territorial. La promesa de la ‘paz total’ ha terminado beneficiando más a los criminales que a la ciudadanía, mientras las fuerzas del Estado parecen actuar con una preocupante pasividad. Ante esta crisis, Petro ha elegido la estrategia del enemigo externo, si algo no funciona, la culpa es del Congreso, de la prensa o de la “oligarquía”. Pero, ¿dónde queda la responsabilidad del gobernante?
La cuestión no debería centrarse en quién obstruye a quién, sino en quién aporta soluciones concretas para destrabar el país. Petro responsabiliza al Congreso, pero sus reformas no han naufragado por simple obstinación de la oposición, sino por su inviabilidad técnica y la ausencia de consensos. Mientras tanto, el país sigue atrapado en una pugna de egos e ideologías, donde los únicos perjudicados son los ciudadanos.
La economía sigue en deterioro. La incertidumbre y la desconfianza de los inversionistas se traducen en menos empleos, mientras el costo de vida golpea con más fuerza a los colombianos. En lugar de generar estabilidad, el presidente intensifica la crisis política, debilitando las instituciones y profundizando la parálisis del país. Colombia no necesita más discursos incendiarios ni estrategias populistas; requiere liderazgo y soluciones reales.
A esto se suma un preocupante debilitamiento institucional. Las entidades de control parecen cada vez más presionadas por el Ejecutivo, y la independencia de la justicia enfrenta constantes embates. Las decisiones gubernamentales parecen regirse más por el cálculo político que por el respeto a la separación de poderes, lo que erosiona la confianza en el Estado de derecho y en las garantías democráticas.
Mientras el país se desmorona en múltiples frentes, la narrativa oficial insiste en un relato de resistencia, de lucha contra enemigos invisibles que supuestamente impiden el avance del gobierno. Pero el tiempo de las excusas ya se agotó. Colombia no puede seguir a la deriva, atrapada en discursos sin contenido y promesas sin ejecución.
Es hora de que el presidente deje de hacer campaña y vuelva a gobernar. La polarización no es una política pública ni una estrategia de gobierno. La gente necesita soluciones, no promesas vacías ni batallas retóricas. Si Petro sigue prefiriendo la plaza pública a la Casa de Nariño, habrá que preguntarse, ¿quién está gobernando realmente?
