La política no debe ser considerada como una forma de terapia emocional. Este proceso implica el ejercicio del poder, el control institucional y el establecimiento de normas que rigen la interacción entre las partes involucradas. Cuando un presidente se ve envuelto en una confrontación abierta con los organismos de control y con la organización electoral, no se está debatiendo un simple matiz ideológico, sino que se está poniendo en juego la estabilidad del sistema en su conjunto.
Gustavo Francisco Petro Urrego ha tomado la decisión estratégica de convertir la tensión con las instituciones en una línea de acción permanente. El enfrentamiento con la Procuraduría General de la Nación, las tensiones con la Fiscalía General de la Nación y las críticas al Consejo Nacional Electoral no son meramente incidentes aislados; constituyen elementos de una narrativa destinada a instaurar la idea de una persecución y un sabotaje sistemático.
Sin embargo, gobernar no se trata de simplemente resistir, sino de construir mayorías y garantizar la confianza de la población. Cuando el presidente desacredita a los organismos de vigilancia, investigación y certificación electoral, está minando el propio terreno en el que fue elegido. La narrativa del enfrentamiento entre el «establishment» y sus opositores puede movilizar a las bases, pero también aleja a los votantes moderados que observan con preocupación la desinstitucionalización del debate.
Mientras tanto, la izquierda se ve inmersa en una dinámica de fracturas internas. La discusión suscitada en torno a la consulta ha generado un mayor número de discrepancias que consensos. La figura de Roy Barreras, caracterizada por su habilidad, pragmatismo y capacidad de generar debates, se convirtió en un símbolo de las contradicciones del proyecto, planteando interrogantes sobre si se trata de una renovación ética o un reciclaje estratégico. En los momentos en que el “petrismo” requiere fortalecer su cohesión, surge una disputa por la dirección y la desconfianza entre corrientes.
A esto se suma el silencio estratégico, o cuando menos incómodo, de Iván Cepeda Castro en eventos coyunturales que exigen claridad política. En relación con el incidente relacionado con el computador de Raúl Reyes, su defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resurge con fuerza en la esfera pública, poniendo sobre la mesa un pasado que el petrismo preferiría mantener en un segundo plano. Es preciso evitar la reiteración de disputas legales y reconocer la relevancia de los símbolos en el ámbito político. Cabe señalar que su peso es considerable.
El problema no es de naturaleza jurídica. Es político. Cada controversia reaviva las preocupaciones de sectores que ya muestran una actitud de escepticismo hacia la agenda del Gobierno. Cada confrontación con organismos de control alimenta la narrativa de inestabilidad. Cada fractura interna transmite un enfoque improvisado. En el ámbito político, la percepción se convierte en una realidad.
En el contexto de las elecciones del 8 de marzo, se percibe un ambiente de incertidumbre. El análisis no se centra únicamente en los resultados numéricos, sino que aborda aspectos fundamentales como la legitimidad y el clima democrático. El petrismo parece adoptar una postura reactiva en lugar de una estrategia proactiva. En el contexto de una campaña electoral, esta situación puede resultar fatal.
Son evidentes las señales de desgaste, tales como las dificultades para consolidar alianzas, el constante ruido en la comunicación gubernamental, las reformas estancadas y una economía que no ofrece la sensación de alivio prometida. La base dura se mantiene constante, mientras que el centro político experimenta una divergencia. En el caso de Colombia, las elecciones se ven fuertemente influenciadas por el centro político.
Es posible que el temor sea una reacción válida, a menudo manifestada a través de una interpretación del contexto. El miedo a una posible derrota electoral no surge de conspiraciones, sino de señales evidentes como la fragmentación interna, los conflictos con las instituciones y la pérdida de cohesión narrativa. El “petrismo” se comprometió a transformar el curso histórico, pero dicha transformación implica el fortalecimiento de las normas vigentes, no su tensión. Cuando el discurso presidencial se ve cuestionado, los aliados muestran desconfianza y el pasado resurge sin una explicación convincente, la épica se desvanece y surge la incertidumbre. En el ámbito político, la incertidumbre suele tener un costo en las elecciones.
El 8 de marzo se perfila como un indicador crucial del respaldo tangible al “petrismo”. En caso de que los resultados no sean favorables, no será suficiente responsabilizar a la oposición o a los denominados “poderes fácticos”. La confrontación constante no se erige como un sustituto de la gobernabilidad. Colombia exige responsabilidad institucional y serenidad democrática; en caso de no presentarse, el miedo puede transformarse en un voto de castigo.
