En un fuerte pronunciamiento, se ha señalado a la administración actual de Bucaramanga de llevar a la ciudad a una crisis administrativa y financiera. Según las denuncias, la Alcaldía habría incrementado los gastos de funcionamiento en un 100%, traduciéndose en mayores contrataciones para alimentar una supuesta burocracia orientada a fines politiqueros, mientras los avances en la ejecución del presupuesto de inversión, destinado a obras públicas, permanecen rezagados.
A esto se suman los continuos escándalos de corrupción que, según las acusaciones, han deteriorado la imagen y la confianza en la administración actual. Los denunciantes han advertido que la ciudad enfrenta una caída libre y han expresado su esperanza en que el Tribunal de Santander intervenga para frenar la situación.
Las críticas señalan que, a pesar de recibir una ciudad con «las mejores finanzas de su historia», incluyendo $180 mil millones en bancos, más de 200 proyectos con estudios y presupuesto garantizado, y una tasa de desempleo que era la más baja del país, la administración no ha sabido mantener ni mejorar estos logros.
En el ámbito educativo, se dejaron $80 mil millones adicionales para reconstruir colegios emblemáticos como el Dámaso Zapata, Santander e INEM, pero, según los denunciantes, no se han visto avances significativos en estas obras.
Además, se acusa a la actual administración de priorizar estrategias en redes sociales para defender su gestión, mientras la ciudad pierde terreno en términos de desarrollo y transparencia.
La situación ha generado un intenso debate entre los ciudadanos, quienes exigen respuestas claras y acciones concretas para recuperar la estabilidad y el desarrollo que caracterizaban a Bucaramanga. Por ahora, el futuro de la ciudad queda en manos de las instituciones y los actores políticos responsables.
