La crisis de agua que enfrenta Bogotá y la Región Metropolitana es un asunto de máxima
urgencia y gravedad. No se trata solo de un problema de infraestructura, sino de
supervivencia y calidad de vida para millones de personas que dependen de un suministro
confiable de este recurso vital. Desde mediados de los años 80, cuando se inauguró el
Sistema Chingaza —el cual provee el 70 % del agua potable de la capital—, no habíamos
llegado a un nivel de llenado tan bajo en el embalse. Para octubre de 2024, el Distrito
proyectaba alcanzar un 70% de llenado, pero estamos lejos de esa meta: hoy el nivel se
encuentra por debajo del 45%, muy cerca del límite crítico del 37%. Este dato es alarmante
y nos obliga a replantear cómo gestionamos, conservamos y usamos nuestros recursos
hídricos para asegurar el futuro de la ciudad.
Como presidente de la Comisión de Agua y Biodiversidad del Congreso de la República, he
citado a debate de control político a las principales autoridades responsables de la gestión
del agua en la ciudad y la región. Este debate busca respuestas concretas a una pregunta
urgente: ¿qué están haciendo nuestras instituciones para enfrentar esta crisis y prevenir
una situación aún más crítica en el futuro? Entre los citados a este debate están el Alcalde
de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el director de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR), Alfred Ballesteros; el director de la Región Metropolitana (RAPE),
Luis Felipe Lota; y la gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño. Estos
funcionarios deberán rendir cuentas sobre las medidas que han adoptado y presentar los
planes y estrategias en curso para mitigar la vulnerabilidad en el abastecimiento de agua en
Bogotá.
El país tiene derecho a saber qué se está haciendo para garantizar el acceso a este
recurso. Es inaceptable que, en pleno 2024, no contemos con un plan de contingencia
robusto para hacer frente a la escasez de agua en una de las ciudades más importantes de
América Latina. Las familias bogotanas han comenzado a vivir las consecuencias de esta
crisis y merecen una respuesta clara sobre las medidas que se están tomando y la
efectividad de las mismas. ¿Cuáles son los planes a corto, mediano y largo plazo para
enfrentar esta situación? ¿Cómo se va a garantizar que el acceso al agua sea un derecho
protegido y no una preocupación constante?
La situación actual es el resultado de una combinación de factores, incluyendo el cambio
climático, la falta de inversiones estratégicas y la poca atención a la conservación de las
fuentes hídricas. Bogotá y su Región Metropolitana están pagando las consecuencias de un
modelo de desarrollo que no ha priorizado la sostenibilidad ambiental ni la protección de los
ecosistemas que proveen agua a la ciudad. El impacto del cambio climático ya no es una
amenaza lejana, sino una realidad que afecta la vida diaria de millones de personas. Y es
por eso que necesitamos un compromiso decidido y acciones concretas, tanto del gobierno
local como del nacional, para asegurar la disponibilidad de agua en el futuro.
A través de la Comisión de Agua y Biodiversidad del Congreso, insistimos en la necesidad
de adoptar un enfoque integral para enfrentar esta crisis. Esto implica, en primer lugar, una
política de conservación y restauración de los ecosistemas estratégicos, como los páramos
y cuencas hidrográficas, que garantizan el flujo de agua hacia Bogotá y la Región
Metropolitana. También requiere una inversión significativa en infraestructura para el
almacenamiento, tratamiento, reuso y distribución de agua, el manejo de las aguas
residuales, así como en educación para la ciudadanía en cuanto al uso racional y
responsable de este recurso.
El debate de control político es solo el primer paso para exigir una rendición de cuentas y
plantear soluciones de fondo. Bogotá y sus ciudadanos merecen saber si las autoridades
están a la altura del reto que implica esta crisis. Merecen saber si se están tomando las
decisiones correctas para proteger y garantizar el derecho al agua, hoy y en el futuro.
No podemos permitir que la situación se deteriore aún más sin que se tomen acciones
contundentes y bien fundamentadas. La crisis del agua en Bogotá debe ser un llamado a la
acción para todos los actores involucrados: gobierno, sociedad civil, empresas y
ciudadanos. La protección de nuestros recursos hídricos y la garantía de acceso a agua
potable deben ser una prioridad nacional. Es el momento de actuar con responsabilidad y
visión a largo plazo
