Para entrar en materia es preciso resaltar que, en el año 2015, durante el gobierno del expresidente Santos, el gobierno nacional expidió el decreto único reglamentario 1082, el cual, entre otras cosas, consolidó la reglamentación base del Estatuto General de Contratación, en especial la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.
Desde el Ejecutivo se propuso establecer mecanismos de control para reducir la ocurrencia de corrupción en entidades de todo orden oficial y se habló de un mecanismo que desde muchas perspectivas resultaría eficaz, se le denominó “pliegos tipo”. Esta iniciativa consistía en poner en cintura a todas las entidades acogidas al estatuto, y a sujetarse a políticas de obligatorio cumplimiento, para impedir que funcionarios se dedicaran a acomodar las exigencias en beneficio de determinados proponentes a cambio de coimas. Si bien, una herramienta como los pliegos tipo no acabaría con la corrupción en los procesos de contratación, sí reduciría su influencia en el sistema y generaría más confianza en los oferentes de bienes y servicios.
Tristemente ha pasado casi una década desde la expedición del Decreto 1082 de 2015, y sigue gozando de toda vigencia sin que se haya implementado, salvo en contadas excepciones en procesos de selección relacionados con el sector de la construcción. En su lugar, los pliegos de condiciones siguen siendo la principal herramienta con la que cuentan funcionarios y proveedores para acomodar las exigencias en los pliegos y así favorecer a unos pocos.
Podríamos enumerar las afectaciones que causa para la nación la corrupción y la manipulación de los procesos, pero, en ese punto quedan más interrogantes que certezas: ¿por qué si ya está identificada, propuesta y consensuada una manera de reducir las posibilidades de corrupción en el sistema de compras públicas, no se ha implementado de forma masiva, ordenada y de obligatorio cumplimiento? ¿por qué no hay los suficientes debates con los ajustes que requiere el estatuto?
Por cosas como estas, el país fue testigo recientemente del mega escándalo de corrupción en el departamento de La Guajira, por la compra de 80 carrotanques de agua para el departamento por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres – UNGRD, pues cada vehículo, objeto de ese contrato, lo adquirieron por una suma de $1.170 millones de pesos, ¡mucho más dinero que los famosos $70.000 millones! Pero, tristemente, no ha tenido en la sociedad la misma atención. Es pertinente resaltar que este contrato se ejecutó bajo la dirección de Olmedo López en la UNGRD y que, además, dejaron a un lado los mínimos requeridos en el marco de la contratación pública, pues se evidenció que el pliego de exigencias fue acomodado a un oferente (Impoamericana Roger SAS), empresa que fue constituida bajo otra razón social en el año 2017 y con un capital de apenas cinco millones de pesos. Para el año 2022, la empresa la compró un médico veterinario y contaba para este año con un capital no mayor a $1.000 millones ¿Mil millones de pesos es suficiente para ejecutar un contrato por más de $80.000 millones de pesos? Lo cierto es que, a hoy, no sabemos del paradero del señor Olmedo López, no sabemos nada de los contratistas y hay un exfuncionario de la entidad -Sneyder Pinilla- que le está pidiendo a la Fiscalía someterse a principio de oportunidad para revelar los intereses de ese contrato y personas que estarían involucradas en el mega robo de los carrotanques.
Pero esto no sorprende, recordemos que, en noviembre de 2023, el presidente Petro pidió a sus carteras que adjudicaran contratos bajo modalidad de contratación directa ¡A dedo! para ejecutar los presupuestos de las carteras del orden nacional y que, a febrero de este año, según un artículo de la revista Portafolio, el 74% de la contratación pública en Presidencia ha sido directa, así es, ¡a dedo!
Esto a los bogotanos no nos toma por sorpresa, pues recordemos que, según el Concejo de Bogotá, en informe con corte del año 2015, en tres años y nueve meses, la contratación a dedo de la alcaldía de Gustavo Petro llegó al 90% ¡Esto también es corrupción! Pues entrega contratos a terceros, saltándose los procesos públicos establecidos en los mecanismos de contratación desde la Ley 80 de 1993 y quitándole la oportunidad a privados de concursar en franca lid con precios que se ajusten realmente al mercado y de esta manera, salvaguardar el dinero de los contribuyentes.
¿No les suena parecido acaso la compra de los carrotanques para La Guajira con la compra de camiones obsoletos para la basura?
Pues, juzguen ustedes, parece repetirse la historia y con la contratación directa haciéndole la trampa a los procesos de selección para beneficiar a terceros en específico.
¡No nos Olmedeen el país!
Por: Diana Andrade
