Hace unos días conté la historia de una empresa tradicional de zapatos que terminó al borde de la quiebra por las decisiones de su gerente, Carlos Andrés. No fue una crisis causada por el mercado ni por la competencia, sino por algo mucho más peligroso: decisiones improvisadas, conflictos innecesarios y un manejo financiero desconectado de la realidad.
Hoy, esa historia confirma el patrón más preocupante en cualquier organización: la incapacidad de corregir el rumbo incluso cuando las señales de alerta son evidentes.
En toda empresa existen controles diseñados para evitar que un gerente comprometa su viabilidad. No buscan obstaculizar la gestión, sino proteger la estabilidad. Y en este caso, esos controles empezaron a actuar.
La junta de supervisión suspendió una medida extraordinaria adoptada en diciembre, al considerar que no estaba debidamente justificada y que podría causar daños irreversibles. El mensaje fue claro: las decisiones excepcionales requieren razones excepcionales.
Al mismo tiempo, otra instancia suspendió una decisión clave sobre el salario de los trabajadores, al encontrar que no se explicaron con claridad los criterios que la sustentaban. Esto generó incertidumbre y obligó a reconstruir un acuerdo que ya había sido anunciado.
En una empresa bien administrada, estas advertencias serían suficientes para corregir el rumbo. Pero no ocurrió así.
El gerente decidió insistir en medidas extraordinarias que comprometen aún más la estabilidad. Anunció que creará nuevas cargas sobre sus aliados estratégicos, no sobre sus utilidades, sino sobre su patrimonio. Es decir, gravar la base misma sobre la cual operan, independientemente de si generan ingresos o no.
Además, informó que piensa intervenir en el destino del ahorro administrado por las entidades financieras, obligándolas a destinar recursos a proyectos definidos directamente por la gerencia. En otras palabras, comenzó a decidir sobre recursos que no le pertenecen. Inversiones forzosas.
Las consecuencias son previsibles. Cuando se encarece el costo de operar, las empresas reducen la inversión. Cuando se limita el crédito, este se vuelve más escaso y caro. Y cuando el crédito se encarece, toda la economía se desacelera.
Pero el daño más profundo es otro: la pérdida de confianza.
Las empresas sobreviven gracias a la confianza de quienes invierten, producen y trabajan en ellas. Cuando esa confianza se pierde, recuperarla puede tomar años.
Hoy, la empresa sigue operando, pero lo hace con más incertidumbre, más restricciones y menos credibilidad. Y cuando el principal riesgo de una empresa no es el mercado, sino su propia administración, su futuro entra en peligro.
Porque ninguna empresa puede crecer cuando su gerente improvisa. Ninguna puede fortalecerse cuando sus decisiones generan más incertidumbre que confianza.
El futuro depende de decisiones responsables, no de medidas improvisadas. Y cuando esas decisiones fallan, el costo no lo paga el gerente. Lo paga toda la empresa.
Y Colombia, hoy, es esa empresa. Por eso, el país no necesita más emergencias. Necesita gerencia.
