Las recientes amenazas proferidas por Iván Mordisco evidencian la persistencia del poder de las disidencias de las FARC en vastas regiones del país, al tiempo que ponen de manifiesto las deficiencias de la política de «paz total», que, en lugar de contener la violencia, parece haber concedido mayor margen de maniobra a los grupos armados. En medio de ataques a campamentos donde han muerto menores, intimidaciones directas a la prensa y una creciente sensación de desgobierno en los territorios, aumenta el cuestionamiento ciudadano hacia el Gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego.
En el caso de Colombia, los ciclos de violencia parecen reiterarse con una precisión que resulta dolorosa, como si el país estuviera condenado a repetir los mismos errores una y otra vez. Es crucial mantener la apertura al diálogo y la negociación, incluso en circunstancias en las que los interlocutores respondan con acciones beligerantes, expansión territorial y amenazas directas. Las recientes amenazas proferidas por Iván Mordisco no deben ser consideradas como un hecho aislado ni como una simple bravuconada de un actor armado más. Estos sucesos son indicativos de una problemática de mayor envergadura, que se manifiesta en la permisividad por parte de las autoridades y la ambigüedad en las posturas políticas, lo cual ha resultado en el fortalecimiento de aquellos que operan al margen de la ley.
Desde el inicio del gobierno del cambio, la narrativa oficial ha oscilado entre la esperanza y la ingenuidad. La propuesta de «paz total» se presentó como una iniciativa de envergadura histórica, con la capacidad de resolver décadas de conflicto mediante el diálogo simultáneo con múltiples actores armados. Sin embargo, lo que inicialmente se percibió como una audaz estrategia resultó ser, en la práctica, un campo minado de improvisaciones. La suspensión de operaciones ofensivas, los ceses al fuego mal diseñados y la falta de verificación real generaron un vacío que muchos grupos ilegales interpretaron como una licencia para actuar. El caso de Iván Mordisco es solo uno entre varios ejemplos que ilustran el fortalecimiento territorial, el reclutamiento de menores, la expansión económica y, más recientemente, las amenazas directas al Estado y a la institucionalidad.
Ciertamente, lo que resulta preocupante no se limita únicamente a la naturaleza de la amenaza en sí misma, sino que se encuentra estrechamente vinculado con la evidente asimetría existente entre el discurso gubernamental y la realidad imperante en los territorios. Mientras el Gobierno mantiene su postura de que su política constituye un nuevo pacto de convivencia, en numerosas áreas rurales los ciudadanos perciben que han sido abandonados a su suerte. Las comunidades han sido testigos de cómo los grupos armados han ocupado los espacios que deberían estar bajo el control del Estado, imponiendo normas, cobrando imposiciones ilegales y regulando la vida cotidiana. El «cambio», que prometía dignidad para los olvidados, termina percibiéndose como una mera ausencia.
A este panorama se suma un elemento político innegable: la benevolencia histórica de Gustavo Francisco Petro Urrego hacia ciertos ideales guerrilleros. Su propia trayectoria lo vincula con un imaginario romántico de la insurgencia que, en ocasiones, se filtra en las decisiones institucionales y en su narrativa pública. Este hecho no implica la justificación de alianzas o complicidades, pero sí evidencia una tendencia discursiva que minimiza el carácter criminal de estos grupos y que tiende a percibirlos más como actores políticos incomprendidos que como estructuras armadas responsables de crímenes atroces. En este contexto, las concesiones se transforman en promesas y las advertencias se convierten en gestos simbólicos.
La amenaza proferida por Iván Mordisco debería ser un punto de inflexión para el país. Este desafío no solo evidencia una flagrante falta de reconocimiento hacia las instituciones, sino que también pone en evidencia la ineficacia de las estrategias actuales, que lejos de promover la desmovilización y la negociación efectiva, han terminado fortaleciendo a aquellos que operan al margen de la ley y debilitando la confianza en el Estado. Una política de paz no puede fundamentarse en el temor al conflicto, sino en el ejercicio firme y legítimo de la autoridad, con presencia territorial real, justicia efectiva y control claro del uso de la fuerza. De lo contrario, se reduce a un simple voluntarismo político.
Resulta evidente que el país requiere de una estrategia que articule de manera equilibrada el diálogo y la autoridad, la negociación y la firmeza. Además, es indispensable una presencia estatal que trascienda la retórica y convierta la paz en una verdadera política de Estado, y no en una bandera ideológica. Las amenazas lejos de constituir un cierre, representan una advertencia: cuando el gobierno descuida su posición defensiva, aquellos que se benefician del uso de las armas no vacilan en alzarlas.
