En el ámbito político, existen realidades que pueden resultar incómodas, y el
estilo directo y contundente de Donald Trump ha recordado recientemente esta
realidad a Gustavo Francisco Petro Urrego. Las declaraciones del presidente
norteamericano no revelan ninguna novedad, simplemente expresan
opiniones que muchos en Colombia y en el resto del mundo comparten,
aunque no siempre se expresen abiertamente. El país está experimentando
una trayectoria preocupante bajo un gobierno que ha confundido la soberanía
con la arrogancia y el resentimiento, y la política exterior con el discurso
ideológico.
Las afirmaciones realizadas por Donald Trump respecto a la presunta relación
entre el Estado colombiano y el narcotráfico podrían ser consideradas por
algunos como excesivas. Sin embargo, al analizar la situación desde una
perspectiva objetiva, estas declaraciones no parecen estar desprovistas de
fundamento. El incremento en la producción de cultivos ilegales, la
permisividad hacia las organizaciones criminales y el deterioro institucional en
las áreas rurales son hechos concretos, no percepciones subjetivas. Gustavo
Francisco Petro Urrego podrá afirmar que se trata de una agresión
imperialista, pero el deterioro de los indicadores de seguridad y la
desconfianza internacional son el reflejo que el progresismo se niega a
reconocer, inmerso en una realidad distorsionada.
El problema no radica en la persona de Donald Trump ni en su estilo, sino en el
hecho de que sus palabras encuentran resonancia en una realidad que
Colombia no ha sabido abordar de manera efectiva. Mientras Gustavo
Francisco Petro Urrego persiste en gobernar desde una perspectiva ideológica,
la diplomacia se convierte en un ring de boxeo y la soberanía en una excusa.
En lugar de abordar los problemas estructurales del país, su presidente
ha optado por adoptar una postura de victimización ante cualquier crítica
externa, como si el cuestionamiento fuera un atentado en lugar de una alerta
constructiva.
La reacción de la Casa de Nariño, así como del progresismo y la izquierda
política colombiana, no altera un hecho esencial: la reputación de Colombia se
está deteriorando. Cuando la comunidad internacional empieza a percibir al
país como un Estado ambiguo en materia de lucha contra el crimen, las
consecuencias afectan a más elementos que el ego presidencial: la inversión,
la cooperación y la confianza a nivel global se ven comprometidas. Lo que
comenzó como un intercambio de mensajes en la plataforma digital X, ha
evolucionado hacia una crisis diplomática de significativas implicaciones.
El aspecto más preocupante radica en que los participantes parecen estar más
enfocados en la atención mediática que en resolver el conflicto, lo cual ha
generado un morbo en torno a este enfrentamiento político.
Indiscutiblemente, la estrategia diplomática implementada, que incluyó
acusaciones contra Gustavo Francisco Petro Urrego por su presunta
vinculación con el narcotráfico y su caracterización como un individuo de
conducta violenta y productor de estupefacientes en gran escala, ha generado
una serie de implicaciones de orden simbólico y político. La suspensión total de
la ayuda estadounidense a Colombia se erige como un elemento central en la
narrativa contra el narcotráfico, los carteles de la droga y los gobiernos
percibidos como débiles o complacientes. En un contexto de polarización
política, caracterizado por la presencia de estrategias de confrontación y la
utilización de estratagemas simbólicas y mediáticas, se evidencia una
tendencia a la exacerbación de las tensiones y la confrontación. Ciertamente,
es posible considerar el estilo del Presidente Donald Trump como vulgar,
ofensivo y demagógico, desde la perspectiva de algunos observadores. En
esta ocasión, sus declaraciones revelan una realidad desafortunada: el
Gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego ha desviado su curso, lo que
ha acarreado consecuencias negativas para el país. No se trata de defender lo
dicho por el mandatario norteamericano, sino de entender que cuando la crítica
externa se vuelve recurrente, quizás el problema no está en quien la formula,
sino en lo que la provoca.
En última instancia, lo que se evidencia es la consecuencia inevitable de aquel
que enarbola la bandera del M-19 y procura mediante la retórica ocultar los
vínculos históricos de dicho movimiento con los hechos más sombríos de la
historia reciente: el narcotráfico, el secuestro, el asalto al poder judicial y el
magnicidio de la justicia. Gustavo Francisco Petro Urrego no se encuentra
en una posición de autoridad moral mientras se le atribuye la
responsabilidad de un legado caracterizado por la violencia y la ruptura
institucional. En la actualidad, su administración está cosechando los
resultados de las decisiones tomadas en el pasado, que han generado
desconfianza, aislamiento y una reputación internacional que enfrenta desafíos.
La historia no se reescribe con discursos; se asume con coherencia y
responsabilidad, dos virtudes ausentes en quien hace de la memoria un
instrumento político y del pasado una excusa para justificar el desastre
presente.
