Por Felipe Olaya Arias
@olayafelipe
Cuidar es un acto profundamente humano. Algunos lo hacen por amor, entregando tiempo y compasión a un ser querido sin esperar nada a cambio. Otros lo asumen como un empleo, con técnica y vocación. Son roles distintos, pero ambos son esenciales para dignificar la vida.
Desde una perspectiva económica, los cuidadores son fundamentales, pero su labor permanece invisibilizada. La OIT estima que el 76,2 % del cuidado no remunerado recae en las mujeres, lo que explica gran parte de las brechas en ingresos, pensiones y participación en el mercado laboral. La OCDE advierte que apenas 3 de cada 10 cuidadores logran compatibilizar esta tarea con un empleo formal, lo que se traduce en dobles jornadas, estrés y precariedad.
En Colombia, la situación es aún más apremiante. El DANE reporta que hay 7,61 millones de personas mayores de 60 años (14,5 % de la población), de las cuales al menos una de cada cinco presenta algún grado de dependencia y requiere cuidados permanentes en casa. La Defensoría del Pueblo calcula que existen más de 3 millones de cuidadores en el país, en su mayoría mujeres, que realizan esta labor sin remuneración ni apoyo institucional. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo es contundente: mientras el 90,3 % de las mujeres dedica en promedio 7 horas y 44 minutos diarios al cuidado, los hombres apenas invierten 3 horas y 6 minutos. La inequidad se multiplica en cada hogar.
El cuidado no se limita al envejecimiento: incluye también a niños, personas con discapacidad y pacientes crónicos. En todos los casos, la ausencia de servicios formales traslada la carga a las familias, con un impacto devastador sobre el empleo femenino. Cada hora de cuidado no remunerado es una hora menos para estudiar, trabajar o descansar. En zonas rurales, la situación es más grave: solo el 41,9 % de los hogares tiene internet, frente al 72,5 % en las ciudades. Sin conectividad, se bloquean oportunidades de telemedicina, formación y redes de apoyo que podrían aliviar la carga.
En 2024, Colombia adoptó el CONPES 4143, la Política Nacional de Cuidado. Por primera vez se reconoció el derecho a cuidar y a ser cuidado, y se habló de articular Estado, familias, comunidad y mercado. También se plantearon tableros de seguimiento, servicios de respiro y certificación de cuidadores. Sin embargo, hasta ahora sigue siendo un documento oficial que no ha logrado transformar realidades, y que requiere con urgencia presupuesto, métricas claras y voluntad política para hacerse vida.
El desafío inmediato pasa por mapear la demanda real en cada municipio, para identificar con precisión a la población que necesita cuidados. Sin cifras claras, la política camina a ciegas. Además, es indispensable tecnificar y certificar a los cuidadores, combinando rutas técnicas, microcredenciales y programas comunitarios. La OIT ha demostrado que esta estrategia mejora la calidad del servicio y abre oportunidades laborales. Finalmente, se requieren servicios que brinden apoyo técnico y económico a quienes dedican su vida a cuidar a otros.
Cuidar es garantizar dignidad. Un país que no protege a sus cuidadores ni a quienes requieren cuidados condena a millones a la precariedad silenciosa. La pregunta es inevitable: ¿queremos un país que siga ignorando a millones de cuidadores invisibles, o uno que garantice un sistema justo, sostenible y digno para ellos?
