Por Felipe Olaya Arias
@olayafelipe
Con frecuencia vemos en noticieros y redes sociales historias de personas desaparecidas que captan nuestra atención y, a veces, logran un final feliz. Pero existe un amplio y silencioso mar de ausencias: una inmensa mayoría de desaparecidos cuya búsqueda no genera eco mediático y termina perdiéndose en el olvido.
Esta tragedia es una realidad persistente en Colombia, con cifras que sobrepasan cualquier capacidad de respuesta. Solo en Bogotá, entre enero y julio de 2025, se reportaron 882 personas desaparecidas, lo que equivale a casi cinco casos al día. De ellos, 309 eran menores de edad, una cifra particularmente alarmante. Aunque la mayoría de los casos corresponde a extravíos, la Sijín ha señalado que al menos 30 se investigan como desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad. A nivel nacional, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) maneja un universo inicial de 126.895 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
A pesar de la magnitud del problema, se han logrado avances institucionales significativos. En 2024, la UBPD reportó 2.748 prospecciones, la recuperación de 941 cuerpos y la localización de 141 personas con vida. Estos resultados, más que cifras, son el fruto de la persistencia de las familias y del arduo trabajo de los equipos forenses. Demuestran que la búsqueda humanitaria funciona cuando existe una coordinación efectiva.
Sin embargo, el Sistema Nacional de Búsqueda todavía enfrenta fallas críticas. Persisten brechas de coordinación entre entidades, bases de datos fragmentadas, insuficiencia de recursos forenses y lentitud en los procesos de identificación. Un claro ejemplo de esta urgencia fue la controversia de diciembre de 2024, cuando un comité de la ONU mencionó un supuesto hangar con 20.000 cuerpos sin identificar en el aeropuerto de Bogotá. Este incidente subrayó la necesidad de contar con una arquitectura de datos trazable y verificable que reduzca la incertidumbre y evite narrativas que, sin aportar verdad, generan aún más dolor a las familias.
A pesar de las dificultades, la colaboración institucional ha demostrado que la verdad es alcanzable. Las medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para resguardar sitios de interés forense y las excavaciones en lugares emblemáticos como La Escombrera, en Medellín, han devuelto esperanza a cientos de familias que llevan décadas buscando.
La desaparición de una persona no es solo un expediente judicial; es la ausencia irreparable de un ser amado. La búsqueda comienza al nombrar: al decir “Nelly”, “Sandra” o “Carlos”, los traemos de vuelta al espacio público. Este acto nos obliga a gestionar con rigor, coordinar sin excusas y acompañar a las familias. Colombia necesita datos confiables, procedimientos respetuosos y, sobre todo, respuestas sobre por qué tanta gente desaparece, junto a una promesa firme de encontrarlos.
¿Cómo podemos, como sociedad, presionar para que estas promesas se cumplan y la búsqueda de los ausentes sea una verdadera prioridad nacional?
