Los indicadores y las condiciones macroeconómicas de Colombia con respecto de la región, del continente y del mundo, no son alentadores. La competitividad del país, la fluctuación de la moneda local, sumado al bajo poder adquisitivo del peso colombiano, el desempleo y el déficit fiscal, son indicadores que a todas luces plantea desafíos y acciones importantes por parte no sólo del gobierno nacional, sino de la banca privada, el banco de la república, así como del sector empresarial y financiero del país.
Lo que parece inoportuno, por decir lo menos, es el incremento porcentual desproporcionado de este gobierno, en la asignación del presupuesto general de la nación. Salvo el año 2020, que se presentó un incremento porcentual sustancial e inusual, como consecuencia de la pandemia, el presupuesto general de la nación para el año 2024, es por mucho el más grande aumento (veinte por ciento (20%)) en la aprobación del gasto por parte del congreso en los últimos veinte años. Lo que resulta incomprensible es que el gobierno siga pretendiendo elevar el gasto de funcionamiento del estado, con los pobres resultados en términos del recaudo tributario que han logrado desde que están en el poder.
Con lo bajos índices de crecimiento e inestabilidad y siendo consecuentes con el discurso que ha promovido la izquierda durante décadas, todos pensaríamos que la política pública de gastos en este gobierno debería ceñirse con total apego a la austeridad y el ahorro. Pero no, contrario sensu, contra todo pronóstico, el gobierno del cambio se focaliza en recaudar menos y gastar más.
Ahora, para financiar el aumento en el gasto que pretende el gobierno para la vigencia 2025, la única forma viable es mediante una nueva reforma tributaria, eso quiere decir que quieren poner a pagar entre todos el derroche presupuestal. Lo único que se ve acá es improvisación y falta de planeación de un gobierno que se ha dedicado a despilfarrar mientras la clase obrera tiene que abrocharse considerablemente el cinturón.
Decir que esta reforma solo afectaría a los “súper ricos”, es una total mentira y gran muestra de manipulación del discurso, aumenta las rentas, aumentarían los combustibles, los tiquetes aéreos, acabarían con las mipymes y contrario a lo que dice el gobierno, fomentaría la informalidad. Como se dice coloquialmente: El palo no está para cucharas. También es cierto que, según análisis de diferentes economistas, no lograría el gobierno el recaudo esperado. ¡Nos están asfixiando! Y esta vez, la responsabilidad del futuro económico del país recae en el congreso que con su voto tiene la opción de arruinarnos o no.
El bolsillo no aguanta más.
