Sin lugar a dudas, la idea defendida por Leyva y Montealegre no solamente es un completo disparate, sino que también nos recuerda cómo en las cortes medievales los bufones estaban más cerca del rey.
El estado de derecho surgió como una respuesta a la arbitrariedad. Su fundamento es que todas las personas estén sometidas a las leyes, lo que en inglés se denomina «rule of law», y exige límites a los poderes públicos a través de un sistema de frenos y contrapesos.
Para Naciones Unidas, la existencia del estado de derecho en un país es la diferencia entre una dictadura y una democracia. Eso es lo que nos diferencia de Venezuela: nosotros tenemos instituciones.
Sin embargo, el estado de derecho también ha tenido sus detractores, y entre ellos está el marxista Antonio Negri, cuya obra explica el disparate de querer convocar una asamblea constituyente, pero no para cambiar la constitución, sino supuestamente para aplicarla. La idea es desconocer a las cortes, desconocer al Congreso. Esta idea surge que Negri denomina «poder constituyente», señalando que está por encima de las leyes y, por supuesto, por encima de la constitución.
Negri se puede entender en dos citas sencillas: es contrario de la idea constitucionalista de «checks and balances» (pesos y contrapesos), y es el signo de una expresión radical de la voluntad democrática. El paradigma del poder constituyente es una fuerza que irrumpe, quiebra, desquicia todo equilibrio persistente y toda continuidad posible. Es decir, él quiere llegar a romper lo que hemos construido a través de la constitución.
Para todos los seguidores de Negri, dentro de los cuales están los apologistas del gobierno, esos cortesanos que siempre están mirando qué contrato pueden cazar, la asamblea no es el camino. Es el fin a través del cual se quiere gobernar, tal como se ha hecho en muchas dictaduras que revocaron al Congreso y a las cortes a través de su convocatoria. Eso sí sería un verdadero golpe blando y un verdadero golpe de Estado.
Hoy, esa asamblea constituyente está bloqueada si no se cumplen los requisitos de pasar por el Congreso y tener el control constitucional. Por eso Leyva inventó que el acuerdo final de paz suscrito con las FARC exige la convocatoria de una asamblea constituyente. Para ello utilizan una falsedad: el párrafo dos de la página 7, en el cual se afirma que el gobierno de Colombia y las FARC convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas (escuchen muy bien) a un acuerdo político nacional. En ninguna parte dice que debe ser una constituyente.
Montealegre está apoyando esta tesis y agregó que el acuerdo final, como acuerdo especial, hace parte de la constitución. Salta a la vista que esta interpretación es un disparate por diversos motivos, y se los digo rápidamente. Primero, la expresión utilizada en el acuerdo de paz no es «asamblea nacional constituyente» sino «acuerdo político», como lo acabamos de señalar, lo cual es totalmente distinto. Segundo, la expresión ni siquiera se encuentra dentro de los puntos acordados, sino en sus consideraciones, es decir, no hace parte de las obligaciones. Y tercero, creo que lo más contundente, ninguno de los ocho signatarios del acuerdo final, incluyendo los delegados de las mismas FARC, respaldaron esa tesis.
