La Comisión Primera de Senado aprobó esta semana la ley estatutaria que regula el derecho a la educación como un derecho fundamental. Se logró un acuerdo de todas las bancadas, incluida la oposición; y su aprobación fue unánime luego de una concertación que introdujo algunos cambios al Proyecto del Gobierno. Luego de la aprobación, sorprendentemente las mayores críticas surgieron desde la bancada del Pacto Histórico, atacando el consenso logrado y las concesiones aceptadas por Gobierno y sus senadores como la senadora Maria Jose Pizarro, entre otros.
Uno de los puntos más ácidos que genera tanta discordia es el tema de la financiación de la educación superior. Para la extrema izquierda, ni un solo peso público debería financiar o subsidiar a las universidades privadas, en su lugar, los recursos públicos deberían destinarse exclusivamente a financiar a las universidades públicas. En contraposición, están quienes defienden el llamado «modelo mixto» de educación superior, donde los recursos públicos pueden (y «deben») financiar indistintamente a las universidades privadas y públicas fijando precios de las matrículas con libertad absoluta.
Ambos extremos me parecen inviables e insostenibles. Por una parte, si bien una de las apuestas del Gobierno Petro ha sido la educación pública gratuita, es inevitable reconocer que para lograrlo en la realidad hace falta mucho: infraestructura, formación docente capacidad en los territorios, entre muchas otras. La educación pública gratuita y universal no se logra de repente, requiere enormes esfuerzos estatales, planeación y proyección a mediano y largo plazo. Pretender que de un día para otro la educación pública acoja a la totalidad de estudiantes es simplemente un sueño ilusorio propio de un libro de fantasías.
Por otra parte, defensores del modelo «mixto» argumentan que la financiación estatal de las universidades privadas es indispensable, pues muchas universidades privadas dependen casi exclusivamente de los estudiantes financiados por Icetex o por programas como Jóvenes a la U o «Ser Pilo, Paga», donde los estudiantes van estudiar en universidades privadas y el Estado desembolsa. Irónicamente, quienes exigen la continuidad de la financiación estatal de las universidades privadas, exigen también libertad para fijar precios de matriculas y para determinar las inversiones y gastos de sus instituciones, amparados en la autonomía universitaria Es un contrasentido, por decir lo menos.
Así como existe el tradicional principio de «no hay tributación sin representación», debería existir su versión relativa a la financiación pública de iniciativas privadas, incluidas las universidades. Donde sea que existan recursos públicos de los contribuyentes, debe existir la necesidad de vigilancia y control. Entre más recursos públicos, mayor debe ser la injerencia del Estado. No es coherente ni leal exigir financiación pública de entidades privadas, pero al mismo tiempo exigir libertad para fijar el precio de las matrículas y los destinos de los ingresos financieros. Ambos extremos de este debate son igualmente ilusorios.
Se requiere concertación, pero concertación de verdad. La educación superior debe ser uno de esos propósitos que nos unan como colombianos, donde el discurso cliché de «todos debemos aportar por la educación de nuestros jóvenes» sea una realidad, para que no caigamos en el discurso dogmático e imposible de la exclusividad de la universidad pública, pero tampoco que sigamos en la hipocresía de la financiación de la universidad privada a los costos que quieran y bajo las condiciones que quieran.
Mauricio Toro
